Para Javier, una simple multa de tránsito detonó su deportación y el final de una vida construida durante más de 20 años en Portland, Estados Unidos. La green card –permiso de residencia legal– no fue suficiente para evitar la separación familiar ni la pérdida del patrimonio que había logrado en ese tiempo.
El chihuahuense es uno de los miles de afectados por las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump. Permaneció ocho meses en un centro de detención y peleó su caso en un juzgado, sin éxito. Ahora, al no tener familiares cercanos, vive desde hace un par de meses en un albergue en la Ciudad de México, mientras tramita nuevos documentos de identificación, indispensables para conseguir empleo.
Con el segundo mandato de Donald Trump, se ha intensificado la persecución contra los migrantes mexicanos en ese país. Testimonios recabados por La Jornada relatan cómo el temor se ha vuelto una constante en su vida cotidiana, entre redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en centros laborales, tiendas y espacios comunitarios, donde son frecuentes las detenciones arbitrarias, la violencia y la criminalización.
Si bien los operativos migratorios ya existían, incluso dentro de los centros de trabajo, actualmente “hay más violencia, más racismo y más abusos”, coinciden en entrevistas por separado.
Estas acciones han costado la vida de al menos ocho connacionales. La más reciente fue la de un mexicano que se encontraba bajo custodia del ICE y que murió el 14 de enero pasado en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton, en Atlanta. Este caso se suma al ocurrido el 10 de julio de 2025, cuando un jornalero agrícola falleció tras resultar gravemente herido durante una redada migratoria en una granja de cannabis al sur de California.
Cero tolerancia, ni para una infracción
Javier relata que su vida se truncó cuando acudió a pagar una multa por haber excedido el tiempo del parquímetro donde estacionó su automóvil. Fue arrestado “como a todo el que iba saliendo de la corte, sin importar si eran ciudadanos, residentes o indocumentados; estaban agarrando parejo”.
El vuelo de deportación lo trasladó a Tapachula, Chiapas, al otro extremo de su estado natal, Chihuahua. Aunque recibió apoyo del programa gubernamental México te Abraza, éste sólo le alcanzó para llegar a la capital del país. Explica que su proceso de expulsión lo ha llevado a vivir un duelo “por la manera tan abrupta de dejarlo todo: trabajo, casa, auto, ropa; todo se quedó allá”. Aun así, afirma, “ya no está en mis planes de vida volver a Estados Unidos”.
Un proceso distinto vivió Guillermo –nombre ficticio para proteger su identidad–, quien no tuvo oportunidad de pelear su caso en un juzgado y fue deportado de manera expedita. Tras permanecer casi un año en Texas, fue detenido durante una redada en el restaurante donde trabajaba de ayudante de mesero.
El oaxaqueño cuenta que llegó al país vecino apenas un par de días antes de que Trump asumiera la presidencia. Logró cruzar con ayuda de coyotes que le cobraron 12 mil dólares (poco más de 211 mil pesos), pero “justo cuando terminé de pagar la deuda –pues sólo había dado un adelanto–, me agarró la migra y me llevaron al AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), en el estado de México”.
Aunque no tenía muchas pertenencias, “los pocos ahorros, la ropa, el esfuerzo y la esperanza de una mejor vida se quedaron allá”.
Otra historia es la de Malena, quien considera que tener hijos pequeños influyó para que la jueza le permitiera elegir la fecha de su regreso a México. Narra que trabajó durante 10 años en una fábrica de ropa en Nueva York. Aunque ingresó al país como indocumentada, logró regularizar su situación mediante una visa de trabajo.
Sin embargo, con la nueva administración no pudo renovarla y, meses después, recibió un citatorio para presentarse ante la corte. Detalla que la juzgadora le dio la posibilidad de pasar las fiestas decembrinas en Estados Unidos antes de ordenar su salida del país.
