Justicia da como plazo hasta el lunes 16 de este mes para que deje la vivienda valuada en más de 8 millones de pesos
Lizeth “N” y su pareja tienen hasta el próximo lunes 16 de octubre para restituir el inmueble con valor de ocho millones de pesos y ubicado en residencial San Alberto, a su propietario, Raymundo, con base en una decisión de un juez de control, informaron los abogados de la parte afectada.
En junio de 2020, Raymundo, propietario de una residencia en el fraccionamiento San Alberto, se dio cuenta que su inmueble estaba habitada por Lizeth “N” y su pareja e interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de despojo.
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Tres años y cuatro meses después, un juez de control validó que Lizeth “N” debe regresar la casa a Raymundo, quien logró acreditar ser el dueño de la propiedad mediante escrituras, predial y otros documentos.
Durante una audiencia de auxilio judicial, solicitada por el Ministerio Público encargado del caso, se hizo la petición de la restitución del bien, esto una vez que Lizeth “N” había sido vinculada a proceso, sólo por el caso del despojo en el fraccionamiento San Alberto.
Los abogados que llevan el caso de Raymundo explicaron que todas las víctimas tienen derecho a la restitución de sus bienes, y en el Código de Procedimientos Penales Federal en el artículo 111 se habla de esto, cuando las condiciones lo permitan.
Uno de los requisitos es que se acredite la propiedad, algo que demostraron los abogados de Raymundo, y que sea un bien que se pueda restituir, en este caso la residencia en la que Lizeth “N” está habitando y también permanece ahí en calidad de arraigada.
Al concluir el auxilio judicial, hecha para validar unas firmas dudosas, los abogados solicitaron al juez de control que restituyeron el bien a su cliente en base a lo que señala el Código de Procedimientos Penales.
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Sin embargo, aunque pudo haberse otorgado la restitución del bien de manera inmediata, se decidió darle un plazo para desalojar la vivienda de manera voluntaria hasta el próximo 16 de octubre, de lo contrario se utilizará la fuerza pública.
Lizeth “N” ingresó a la propiedad en el año 2020, durante la pandemia, con documentos de una supuesta compra del inmueble y posteriormente presentó declaraciones falsas de vecinos para acreditar su estancia en el lugar; sin embargo, las personas que habitan las casas colindantes, entre ellos un ex servidor público, negó conocerla y otro más había fallecido.
Además de la denuncia por despojo, Lizeth “N” y varias personas más, entre vendedores y asesores legales, además de notarios, están señalados en al menos 40 denuncias de fraude por la compra-venta de bienes en supuesto remate por haber sido recuperados; el monto estimado de los propios afectados es de más de 100 millones de pesos en transacciones por viviendas populares y residenciales.
