Chihuahua, Chih., La cabecera municipal de Bocoyna, en el pueblo turístico de Creel, en la sierra Tarahumara, enfrenta desabasto de agua potable desde hace ocho años; sus habitantes pagan 250 pesos para obtener el líquido a través de pipas, por la omisión del gobierno estatal en rehabilitar el acueducto de la presa Situriachi, a 20 kilómetros de distancia.
La falta de líquido afecta también a Creel, que recibía 50 litros por segundo; la falta de mantenimiento y tomas clandestinas redujeron el suministro a 16 y 18 litros, hasta que la infraestructura dejó de funcionar en 2018.
Sin embargo, los habitantes de Creel optaron por extraer el recurso de la barranca Recowata, mientras que el ayuntamiento de Bocoyna realizó la perforación de un pozo para abastecer la cabecera municipal, pero éste se encuentra abatido y proporciona menos de tres litros por segundo.
“Ahorita, debido a la escasez, se obtienen menos tres litros por segundo, y cuando el acueducto funcionaba tenían acceso a 10 litros por segundo”, explicó Victoriano Pérez Espinoza, subdirector de Operación Regional de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua.
En tanto, el director de la JCAS, Mario Mata Carrasco, justificó que la cabecera municipal de Bocoyna y Creel tenían tomas clandes-tinas y no pagaban el suministro.
“La presa fue construida para uso público-urbano, para brindar servicio de agua potable, tenía una planta potabilizadora de primer nivel, cuatro equipos de bombeo que sumaban cien litros por segundo, y era un acueducto muy bien construido que le daba servicio a San Juanito, Bocoyna y Creel”, explicó.
Pero, “por alguna razón los habitantes de Bocoyna no quisieron pagar, hubo falta de gobernanza y fueron abandonados los equipos de bombeo”, lamentó.
La responsabilidad del servicio no es de la JCAS
Mario Mata defendió que el servicio en la cabecera de Bocoyna, no es responsabilidad de la JCAS, “el sistema del agua en Chihuahua es muy diferente al resto del país, 32 municipios dependen del gobierno del estado y el resto, 35 son autónomos en el servicio”.
Nota original: La Jornada
