El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en caso de encontrar elementos suficientes, determine las responsabilidades correspondientes.
A través de un posicionamiento institucional, el organismo electoral informó que recurrió a la autoridad ministerial federal para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones necesarias sobre los hechos denunciados.
El INE sostuvo que esta decisión responde exclusivamente a su obligación de garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, principios que, afirmó, deben prevalecer en todas las actividades del Instituto.
Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que la instancia a su cargo presentó seis denuncias penales contra funcionarios y exfuncionarios del organismo electoral, así como contra empresas, tras los escándalos de Guadalupe Taddei y del contratista Alfredo Hernández Casillas, por igual su hermano Raymundo.
La presentación de la denuncia coloca en manos de la FGR la investigación de las posibles irregularidades, así como la valoración de los elementos que pudieran configurar algún delito.
Corresponderá a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades penales y proceder conforme a las disposiciones legales aplicables.
INE afirma que no habrá distinción de personas ni cargos
En su comunicación, el Instituto Nacional Electoral enfatizó que la determinación no está condicionada por la identidad de las personas involucradas, los cargos que hayan ocupado, las responsabilidades que desempeñaron o los periodos en los que ejercieron sus funciones.
Los delitos que se denunciaron son:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Uso de documento falso
- Tráfico de influencias
- Ejercicio ilícito del servicio público
- Cohecho
- Aquellos que la autoridad competente determine
Con estos señalamientos, el organismo electoral afirmó que cualquier posible irregularidad relacionada con el uso de los recursos públicos debe atenderse bajo los mismos criterios institucionales, independientemente de quiénes pudieran estar involucrados.
El posicionamiento también establece que la denuncia no responde a consideraciones personales o políticas, sino al cumplimiento de las obligaciones que tiene el Instituto como organismo público encargado de ejercer funciones constitucionales y administrar recursos provenientes del erario.
El INE destacó que la vigilancia sobre el manejo del presupuesto debe mantenerse como una responsabilidad permanente, debido a que los recursos asignados al organismo están destinados a garantizar el cumplimiento de sus atribuciones en materia electoral.
Por ello, consideró necesario dar intervención a la Fiscalía General de la República para que sea esta instancia la que investigue los hechos y establezca, con base en las pruebas disponibles, si existe alguna conducta que deba sancionarse.
Instituto establece política de cero tolerancia
El Instituto Nacional Electoral reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Esta postura implica que las posibles irregularidades en la administración del presupuesto deben ser atendidas mediante los mecanismos institucionales y legales correspondientes, sin que existan excepciones por jerarquía, antigüedad o responsabilidad dentro de la estructura del organismo.
El pronunciamiento busca dejar claro que la protección de los recursos públicos constituye una obligación que debe observarse en todas las áreas y niveles de la institución.
Asimismo, el INE señaló que la transparencia y la rendición de cuentas forman parte de los principios que deben orientar el ejercicio de sus atribuciones, por lo que cualquier señalamiento sobre un posible uso indebido del presupuesto debe ser revisado por las autoridades competentes.
La intervención de la FGR permitirá determinar si los hechos denunciados cuentan con elementos suficientes para iniciar o continuar las investigaciones correspondientes y, en su caso, establecer quiénes podrían tener alguna responsabilidad.
FGR deberá determinar si existen responsabilidades
Tras la presentación formal de la denuncia, será la Fiscalía General la instancia encargada de analizar los elementos entregados por el INE, desarrollar las diligencias necesarias y determinar si existen conductas que puedan constituir delitos.
La denuncia representa el inicio de una ruta de investigación ante la autoridad ministerial, en ese sentido, será necesario que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y establezcan, conforme a derecho, si procede ejercer acciones legales.
En su momento, el titular del OIC del INE dijo en su comparecencia en la Cámara de Diputados que de 2014 a 2025, había cinco empresas vinculadas entre sí y mantenían una simulación de competencia, por lo cual obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE), por lo cual esa sería la cifra del daño económico, más lo que se sume.
El organismo reiteró que su actuación tiene como propósito salvaguardar el patrimonio público y garantizar que los recursos asignados a sus funciones constitucionales sean utilizados de manera adecuada.
Con la presentación de esta denuncia, el INE aseguró que mantendrá su postura de cero tolerancia ante cualquier conducta que pueda afectar la legalidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Nota original: Infobae
