Después de 17 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que los delitos cometidos en la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó a 106 heridos son imprescriptibles, lo que abre la puerta al Ministerio Público a investigar y perseguir a más ex funcionarios vinculados con los hechos.
El fallo del máximo tribunal se dio al resolver un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2006 y 2009, detenido en 2020 y vinculado a proceso bajo la acusación de homicidio y lesiones culposas por omisión en agravio de los menores de la guardería.
Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que concluyó que el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 y la omisión del Estado en su deber de cuidado constituyeron graves violaciones a los derechos de la infancia, por lo que la acción penal derivada de esos hechos no puede extinguirse por el paso del tiempo.
“Se concluye que en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en los hechos, como el caso guardería ABC”, dijo la ponente.
El asunto –que motivó un minuto de silencio del pleno por las víctimas– fue aprovechado por las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama para dar posturas políticas que atribuyeron la tragedia –ocurrida en el sexenio de entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa– al “modelo neoliberal” que promovió la subrogación de estancias infantiles, privatización que, dijo una de ellas, no debe repetirse.
“El Estado fue el que privatizó el servicio de las guarderías y, en ese sentido, omitió darle la debida atención. Recordemos eso para que lo tengamos presente y digamos no a un nuevo proyecto que intente privatizar los servicios de salud pública, porque eso fue lo que pasó”, declaró Ríos González.
Por su parte, Batres Guadarrama enfatizó que la catástrofe fue producto de “un modelo de renuncia del Estado” a garantizar la seguridad social y el cuidado de la infancia.
“Este modelo neoliberal destruyó esa actividad solidaria del Estado que antes habían asumido los institutos mexicanos del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, subrayó.
Van contra ex funcionario
En el amparo en revisión 648/2024, el ex funcionario del IMSS impugnó la vinculación a proceso que se le dictó el 18 de noviembre de 2020. Sostiene que la acción penal prescribió porque el plazo para perseguir estos hechos venció el 13 de septiembre de 2019, pero los tribunales federales le negaron la razón.
“El deber de buscar la verdad, de investigar y, en su caso, de sancionar, no caduca con el paso de los años, mucho menos cuando las víctimas fueron niños que empezaban su vida. Estoy consciente de que con esta resolución no devolvemos la vida de estos 49 menores de edad ni reparamos por completo el dolor de sus familias, pero sí honramos su memoria”, resaltó la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
El fallo de la SCJN devolvió el caso al sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito para que emita una nueva sentencia de amparo bajo ese criterio y analice los demás argumentos del ex funcionario contra su vinculación a proceso.
