La Procuraduría General de la República (FGR) investiga al ex primer señor del estado de Baja California por delitos relacionados con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó el miércoles que Carlos Torres es objeto de una investigación que surgió de una denuncia anónima que implicaba a su exmarido en un complot para permitir que una facción del Cartel de Sinaloa operara en el estado fronterizo norte.
Después de remitir a los periodistas a un comunicado emitido por Torres (en el que calificó de “calumniosas” las acusaciones), Ávila dijo confiar en que la FGR “realizará una investigación exhaustiva y se esclarecerán los hechos”.
El pasado mes de mayo, el gobierno de EE.UU. revocó las visas de turista del gobernador y de su entonces marido. En ese momento, Ávila dijo que la decisión del gobierno estadounidense no era “ni una acusación ni una investigación”. Sin embargo, la noticia fue significativa, ya que representó la primera vez en la historia reciente que a un funcionario mexicano en funciones se le negó la entrada a Estados Unidos. En los meses siguientes, la administración Trump revocó las visas estadounidenses de docenas de políticos mexicanos.
Según N+la división de noticias del conglomerado de medios Grupo Televisa-Univisión, la Fiscalía contra el Crimen Organizado recibió una denuncia el 11 de junio de 2025, de que Torres recibió 150 mil dólares mensuales de parte de Pedro Ariel Mendivil García, exsecretario de seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir que el Cártel de Los Rusos operara en el estado norteño.
Para entonces, Torres había renunciado a sus cargos honoríficos y en octubre el gobernador y él iniciaron los trámites de divorcio.
N+ identificó a Luis Alfonso Torres, hermano de Carlos, como presunto líder de la red criminal investigada, informando que Luis “dirigió las operaciones administrativas de fondos ilícitos a través de empresas y apoyo a campañas políticas en México”.
La red presuntamente extorsionaba confiscando mercancías o envíos y exigiendo millones de dólares para su liberación en las aduanas estatales. Luego, supuestamente, los pagos se enviaban a un notario local. La red también está acusada de tráfico de armas, dinero y drogas.
Entre los nombres mencionados en el expediente como sujetos de investigación se encuentran altos funcionarios estatales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas, así como alcaldes y dirigentes municipales. También comparecerá el senador Armando Ayala Robles, ex alcalde de Ensenada, Baja California.
Carlos Torres fue militante del Partido Acción Nacional (PAN) durante 20 años, tiempo en el que fue congresista estatal (2016-2019), compitió por la alcaldía de Tijuana en 2010 y se desempeñó como diputado federal (2006-2009).
En febrero de 2025, Torres renunció al PAN y se unió a Morena, el partido dominante en México. Ávila y el senador Ayala también son miembros de Morena.
