La Comisión Permanente votará, en su sesión del miércoles, un llamado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a que ponga en marcha “con pleno respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos indígenas” medidas adecuadas y oportunas para atender el grave problema del desplazamiento forzado interno provocado por el crimen organizado en diversas regiones de la entidad. La propuesta del senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara fue aprobada por la primera comisión de ese órgano del Congreso, con el voto de los legisladores de la 4T y la oposición de PAN y PRI.
En el dictamen, se hace notar que de acuerdo con datos del Inegi, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y otros organismos, ese fenómeno se ha ido incrementando, toda vez que en 2021, el desplazamiento forzado afectó a más de mil personas en cuatro municipios y 13 localidades, cifra que para 2024 sumó a otros mil 500 que se vieron obligados a abandonar sus hogares por la violencia y la inseguridad.
“Se ha vulnerado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas de la sierra Tarahumara, en particular al pueblo Rarámuri, en un contexto estructural de presencia de grupos armados organizados”, que ha motivado incluso la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados.
El desplazamiento forzado interno en Chihuahua “no es un fenómeno aislado ni circunstancial, sino una manifestación de una crisis estructural de seguridad y derechos humanos, que requiere una respuesta institucional, sostenida y con enfoque diferenciado, atendiendo especialmente la situación de especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas afectados”.
