En un acto de solidaridad periodística, el Mañana de Reynosa expresó su apoyo a Vanguardia, tras las acusaciones e investigaciones que las autoridades coahuilenses han presentado en contra del periódico.
En sus declaraciones, el periódico tamaulipeco consideró que las autoridades manipularon los marcos normativos para provocar un supuesto ataque directo en contra de los derechos patrimoniales de Vanguardia. Destacaron que dicho acto puede ejemplificar un ‘peligroso’ precedente de acoso judicial a los medios de información independiente.
CRÍTICA EN CONTRA DEL CASO VANGUARDIA MX
Se recontextualiza que el caso Vanguardia se debe a una resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. En la nota de El Mañana de Reynosa reitera que dicho órgano omitió, presuntamente, de manera deliberada un inciso clave de la Ley de Amparo para validar el embargo de los bienes propiedad inmobiliaria Casanar, filial del grupo mediático. La omisión arrastró a Vanguardia a un juicio.
El Mañanero de Reynosa destacó que el Tribunal ‘fabricó una causal de improcedencia artificial para dejar en la indefensión a la empresa afectada’.
Expertos y medios han detallado que este caso puso en exhibición la presunta operación de exjueces, exfuncionarios registrales y la de un notario público, vinculado a intereses políticos.
Según la recopilación periodística del caso Vanguardia, por la casa editora que mostró su apoyo, las constancias demostraron que la orden inicial de embargo fue emitida con dolo, sabiendo que las propiedades no estaban vinculadas a demandados reales. Por igual se constató que la ejecución de gravámenes estuvo fuera de toda competencia legal.
El mismo periódico de El Mañana lo declaró como una red de actos dirigidos para ‘vulnerar el patrimonio’. Consideraron que el Poder Judicial ejecutó un ‘acto de presión’ en contra del periódico. Exigieron, en acto de solidaridad gremial, la revisión inmediata del actuar de los magistrados del Octavo Circuito; consideraron que podrían estar sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntos actos que alteraron la implementación de la ley.
