El gobierno de Estados Unidos ha vuelto a tomar medidas drásticas contra los operadores respaldados por cárteles de un esquema de fraude en México que apunta a propietarios de propiedades de tiempo compartido en Puerto Vallarta y otros lugares.
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló en un comunicado de prensa el jueves que ha sancionado a tres personas físicas mexicanas y a 13 empresas mexicanas que “están vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
La acción fue coordinada con el FBI y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano.
Fue el tercer conjunto de sanciones similares emitidas este año. En marzo, la OFAC sancionó a ocho empresas mexicanas por actividades de fraude de tiempo compartido. y en abril, 19 empresas más y siete individuos mexicanos, incluido el fugitivo narcotraficante Eduardo Pardo Espino, fueron sancionados.
«El cártel CJNG, un importante traficante de narcóticos como el fentanilo ilícito hacia Estados Unidos, genera ingresos sustanciales para su multifacética empresa criminal a través de su red de fraude de tiempo compartido», dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en el comunicado de prensa del jueves.
“El CJNG utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida”.
Según la OFAC, las mexicanas sancionadas este jueves son Teresa de Jesús Alvarado Rubio, quien lleva 15 años vinculada a esta trama de fraude; Manuel Alejandro Foubert Cadena, involucrado desde hace siete años; y Gabriela Del Villar Contreras, abogada vinculada al cobro de pagos.
La mayoría de las 13 empresas sancionadas están vinculados a negocios inmobiliarios, dijo la OFAC. Estos incluyen Assis Realty y Vacation Club, Grupo Minera Barro Pacífico e International Realty & Maintenance.
El FBI dijo que en 2022 su Centro de Denuncias de Delitos en Internet recibió más de 600 denuncias sobre estafadores de tiempo compartido mexicanos, y las víctimas perdieron casi 40 millones de dólares, según un artículo en el Louisville Courier Journal.
Los estafadores utilizan tres pasos básicos, señaló la OFAC:
Primero, llaman o envían un correo electrónico a alguien que posee un tiempo compartido y afirman tener compradores interesados listos con una oferta de compra. Se hacen pasar por representantes de ventas de una empresa de reventa de tiempo compartido.
Si se acepta la oferta inesperada, el estafador le pide a la víctima pagos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta, asegurando que el dinero será reembolsado al final.
Los servicios prometidos nunca se llevan a cabo y, a menudo, se solicitan pagos adicionales, después de lo cual los propietarios de tiempo compartido comienzan a darse cuenta de que han sido estafados.
Posteriormente, las víctimas son contactadas por una “compañía de recuperación de estafas de tiempo compartido” que promete asistencia para recuperar el dinero perdido en la primera estafa.
El robo del CJNG es parte de una “diversificación de las actividades criminales”, dijo en el Courier Journal Nathan Jones, experto en política de drogas y estudios mexicanos del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston.
“Estos cárteles y el crimen organizado en México se están quedando cada vez más al margen”, dijo, y agregó que las ilegalidades “se parecen mucho más a las clásicas actividades mafiosas que a menudo vimos en Estados Unidos”.
con informes de Milenio
