Ciudad de México. Con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados rechazó los cambios que hizo el Senado en diciembre de 2025 a una iniciativa que ya había sido avalada en San Lázaro un mes antes, en materia de delitos contra el medio ambiente, y decidió insistir en las multas y sanciones que había establecido con anterioridad, por lo que devolvió la minuta a los senadores en sus términos originales.
Por unanimidad de 450 votos, la Cámara reivindicó los términos en que había aprobado dicha iniciativa, que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal (CPF), por lo que, ante la contradicción entre los criterios de ambas cámaras, es probable que los cambios legales queden suspendidos durante un año, si nuevamente el Senado los rechaza.
Como se informó en este diario, la cámara aprobó el 25 de noviembre del año pasado un dictamen mediante el cual se propusieron diversos cambios legales para endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos contra el medio ambiente, y de esa forma disuadir ese tipo de conductas.
Al llegar al Senado una semana después, para la continuación del trámite legislativo, dicha cámara incrementó las sanciones en contra de quienes cometan delitos medioambientales, pero decidió sustituir los “días multa” en que estaban fijadas las sanciones, por el concepto “veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización” (UMA).
De igual forma, los senadores determinaron añadir en el artículo 418 del CPF un párrafo para especificar que no se castigaría como responsables de delitos ambientales a “las personas campesinas, ejidatarias, comuneras o que habiten en el medio rural”, cuando utilicen elementos naturales “para la satisfacción de sus necesidades básicas”, entre ellas la cocina tradicional.
Tras aprobar el resto de la iniciativa en sus términos originales, regresó únicamente los mencionados cambios a San Lázaro, donde hoy fueron discutidos en el pleno.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno (Morena), subió a tribuna para explicar que la Cámara de Diputados insistía en los términos originales de la iniciativa, para sancionar con mayor severidad delitos como la tala ilegal, el tráfico de especies y el uso indebido de sustancias peligrosas que puedan contaminar el entorno ecológico, al incluir “penas de prisión y sanciones económicas que realmente inhiban estas prácticas”.
Según el legislador, se debe retomar el esquema de “días multa”, y no el de las UMA, porque “la sanción no debe ser igual para todos, sino proporcional a los ingresos de quienes cometen el delito en materia ambiental. Establecer multas fijas puede convertirlas en un costo más de operación para grandes empresas. En cambio, el sistema de días multa permite al juzgador aplicar la sanción logrando un impacto real y disuasivo”.
Por otro lado, señaló que excluir de las sanciones a personas del medio rural que utilicen recursos forestales maderables –incluido por el Senado en el artículo 418 del CPF— ya está considerado en el artículo 423 vigente. En ese sentido, “no es necesario duplicar disposiciones ni generar posibles contradicciones normativas”, afirmó.
En el mismo sentido, el panista José Guillermo Anaya manifestó que los “días multa” por las UMA, como hizo el Senado, “es improcedente”, pues el primer esquema garantiza que la sanción se realice con la debida “proporcionalidad económica” para la persona que cometió el delito.
Asimismo, la modificación relacionada con la ausencia de castigo a las personas que habitan en medios rurales ya está considerada, por lo que “introducir estas modificaciones generaría una norma paralela e incluso un riesgo de contradicción normativa, lo que dificultaría la aplicación estricta del derecho”, indicó.
Tras recalcar que las modificaciones del Senado no son procedentes, por lo que se retomarían los términos que ya habían sido aprobados por los diputados en noviembre del año pasado, Anaya saludó que, con este proceso, se comprueba que cada cámara tiene “autonomía legislativa”.
El Senado, dijo, “tiene plena libertad de hacer cambios, pero también se reconoce que la Cámara de Diputados puede o no aceptar esas modificaciones y sostener su postura, como es el caso. Es lo que hacemos. No es intransigencia, es respeto al proceso legislativo constitucional y a la voluntad de la soberanía de esta cámara”.
