Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este miércoles que logró desmantelar una de las principales redes dedicadas al mercado ilícito de hidrocarburos, producto de una investigación y operaciones simultáneas de siete meses que en distintas entidades.
En conferencia de prensa conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch destacó que las acciones permitieron la detención de 14 personas vinculadas a esta red, entre ellas su líder Mauricio “N”, alias “El Burras”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
También se aseguraron combustibles, vehículos, armamento, dinero y equipo especializado; también identificó un esquema delito de lavado de dinero mediante al menos 10 empresas fachada y prestanombres.
“Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos”, dijo.
Detalló que las investigaciones derivan de operativos previos, como el de junio de 2025 en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, donde fue detenido el líder criminal, Cirio Sergio “N”, y 31 integrantes más.
Tras ello, expuso, surgió una nueva célula que tomó el control del negocio ilícito, operando a través de al menos 10 empresas gaseras utilizadas como fachada. Mediante cateos en 20 inmuebles en el Estado de México e Hidalgo, se logró la captura de siete integrantes clave, incluido el líder Mauricio “N”, alias “El Burras”, así como operadores logísticos, financieros y dueños de gaseras.
También se aseguraron, además, más de 100 mil litros de Gas LP, decenas de pipas, autotanques, tractocamiones, armas, droga, dinero y equipo tecnológico, además de clausurar una toma clandestina. Esta organización tenía capacidad para extraer hasta 1.5 millones de litros semanales y operaba en varios municipios del centro del país, utilizando ductos de Pemex y una red de distribución ilegal para introducir el combustible al mercado formal.
En paralelo, García Harfuch señaló que en otras operaciones en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México permitieron la detención de siete personas más, incluyendo Héctor Iván ”N”, identificado como encargado de la logística y coordinación para la obtención ilegal de gasolina y diésel en varios estados.
Estas acciones se suman a decomisos históricos, como el aseguramiento en 2025 de 10 millones de litros de diésel y un buque en Tamaulipas, que evidenciaron el uso de documentación falsa y la participación de empresas y funcionarios en la cadena ilegal.
En conjunto, destacó que estas redes han generado ganancias ilícitas millonarias y afectaciones graves a la economía nacional.
FGR
En el acto, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, presentó otras acciones, que se suman. Dijo que a partir de operaciones de inteligencia —como el aseguramiento en 2024 de un buque en Altamira, Tamaulipas, que implicó a 11 servidores públicos— se detectó un esquema de “huachicol fiscal” basado en la simulación de operaciones comerciales por hasta 23 mil millones de pesos.
Estas redes utilizaban documentación falsa, empresas fachada y vacíos en sistemas de control para introducir hidrocarburos al país, etiquetándolos como aditivos o lubricantes, y evadiendo controles aduaneros y fiscales.
El fiscal especial detalló que las investigaciones revelaron un modelo logístico multimodal que combinaba transporte marítimo, ferroviario y terrestre para fragmentar la trazabilidad del combustible desde su ingreso hasta su distribución ilegal en estados como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco. A través de triangulaciones financieras y facturación apócrifa, las organizaciones aparentaban legalidad y ocultaban el origen ilícito de los recursos.
Petrofactureros
Un caso destacado, dijo, es el de los llamados “petrofactureros”, una red de más de 40 empresas sin infraestructura real, operadas por prestanombres, que facilitaban la comercialización ilegal de hidrocarburos. Este esquema permitió diluir responsabilidades y sostener las operaciones criminales.
Como resultado, la FGR judicializó el caso y obtuvo órdenes de aprehensión contra varios implicados, logrando hasta ahora la detención de seis personas vinculadas a al menos ocho empresas.
Además, explicó que se aseguraron bienes por más de 126 millones de pesos, incluidos inmuebles, vehículos de lujo, joyería y efectivo. Paralelamente, dijo, se han obtenido sentencias relevantes: en un caso, tres personas recibieron ocho años de prisión por posesión ilícita de hidrocarburos, con decomisos de más de 100 mil litros y equipo valuado en 18 millones de pesos.
En otra acción, seis personas fueron condenadas también a ocho años de prisión por posesión de combustibles ilegales y otros delitos, con multas cercanas al millón de pesos.
