Ciudad de México. La Red Solidaria Década Contra la Impunidad señaló que el Estado mexicano “incumplió” con su deber de enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus observaciones sobre la denuncia que se presentó ante dicho órgano por el caso de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas (1995), “víctima de detención arbitraria, tortura y prisión preventiva”.
Refirió que el litigio ante la CIDH fue interpuesto el 24 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de ese año la Comisión le notificó al gobierno, por lo que contaba con un plazo máximo “improrrogable” de cuatro meses para presentar sus observaciones, el cual venció el 9 de enero del 2026.
“El Estado mexicano no respondió. Su silencio no fue un accidente procesal: fue una decisión”, sostuvo la organización en un comunicado.
Indicó que seis meses después de la notificación, la CIDH “se ha visto obligada a reiterar la solicitud”.
La negativa a responder, insistió la Red, “no es un mero incumplimiento burocrático. Constituye una señal alarmante sobre la disposición del gobierno para rendir cuentas por las violaciones cometidas contra sus propios ciudadanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Aclaró que pese a ello la Comisión puede continuar el análisis de admisibilidad con los elementos aportados por la parte peticionaria, e incluso “aplicar la Resolución 1/16 sobre Medidas para Reducir el Atraso Procesal, que permite diferir el examen de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo.
Esto, continuó, significa que el Estado podría enfrentarse a un pronunciamiento de la CIDH sin haber ofrecido ningún argumento en su defensa.
La Red exigió que el Estado mexicano comparezca y responda ante la CIDH con plena transparencia; que se garantice el acceso a la justicia de Antonio Barragán Carrasco, quien desde 2011 está preso en Morelos, y se investiguen de manera efectiva los actos de tortura, detención arbitraria y prisión preventiva de los que fue víctima.
