Ciudad de México. En la fase final de su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y en medio de cuestionamientos por la disminución en los montos observados y en la interposición de denuncias, David Colmenares Páramo sostuvo que a la institución “no le pagan por recuperar recursos que se vayan a la Tesorería de la Federación”, sino por vigilar que el gasto público se ejerza conforme a lo aprobado por el Congreso. Defendió que el enfoque preventivo adoptado durante su administración ha sido la estrategia “más útil y eficiente” en la fiscalización superior.
Colmenares, de 74 años de edad, presentó este martes, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, la Tercera Entrega de los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024, la última fiscalización del sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo a un día de que se emita la convocatoria para renovar la titularidad de la ASF, cargo para el que fue designado en 2018 por ocho años y respecto del cual ha manifestado su interés en relegirse.
Al término del acto —que incluyó un discurso de 19 minutos, más breve que en ocasiones anteriores, cuando solía rebasar la media hora— el auditor se atrincheró durante media hora en un salón adjunto al Verde, de donde como en ocasiones anteriores fue retirado en silla de ruedas. A la pregunta expresa de si buscará la relección respondió: “ya tengo hambre”. Y ante la insistencia sobre si se va satisfecho con su trabajo, atajó: “tengo que ir a Oaxaca”.
En esta tercera entrega se realizaron mil 556 auditorías, de un total de 2 mil 264 practicadas a la Cuenta Pública 2024 —la cifra más alta en la historia de la institución, según el propio auditor—. De los 188 informes correspondientes a entes del gobierno federal, se reportaron más de 5 mil millones de pesos pendientes de aclaración por parte del Poder Judicial, órganos constitucionales autónomos y dependencias de la administración pública federal, concentrándose la mayor parte en empresas del Estado.
En el ámbito subnacional se detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil millones de pesos. De ese total, 36 por ciento correspondió a gobiernos estatales y más de 59 por ciento a municipios y alcaldías, donde la principal irregularidad fue la falta de documentación para acreditar el destino de recursos federales. Tan sólo en las mil 378 auditorías al gasto federalizado se emitieron pliegos de observaciones por 42 mil millones de pesos y solicitudes de aclaración por 12 mil millones. Además, se determinaron casi 2 mil millones por aclarar en auditorías forenses y más de 2 mil millones en universidades públicas estatales. Como resultado de la intervención de la ASF, se recuperaron más de 2 mil millones de pesos para la Federación.
A diferencia de discursos anteriores, en los que no suele mencionar a funcionarios, Colmenares mencionó en su mensaje a Alfonso Damián Peralta, director general de Seguimiento de la ASF —uno de los nombres que circulan en San Lázaro como posible aspirante a sucederlo—, mientras los diputados entraban y salían del salón para acudir a una votación en el pleno y regresaban minutos después sólo para la fotografía oficial de la entrega.
A petición de Colmenares, la Comisión de Vigilancia aprobó la semana pasada que la entrega se realizara este 17 de febrero, fuera del plazo que establece el artículo 79 constitucional —que fija como fecha el 20 de febrero—, un día antes de la emisión de la convocatoria para designar al nuevo titular. Ante críticas del Partido Acción Nacional (PAN) por el presunto incumplimiento, el presidente de la comisión, Javier Herrera Borunda, sostuvo sostuvo que “el artículo 79 constitucional y el 35 de la Ley de Fiscalización establecen como fecha límite el 20 de febrero. Estamos en esta interpretación cumpliendo con la ley”.
Desde la tribuna, la diputada del PAN, Amparo Lilia Olivares Castañeda, fue directa al cuestionar la anticipación de la entrega: “Nuestra Constitución en el artículo 79 establece con precisión que el informe debe entregarse el 20 de febrero, no antes y no después. No es una formalidad menor, es una garantía de legalidad”. Advirtió que “la rendición de cuentas no puede adelantarse por conveniencia ni ajustarse por razones políticas” y llamó a que la ASF no sea una instancia que “llegue tarde”, sino que prevenga que “los errores se conviertan en tragedias”, en referencia al accidente del Tren Interoceánico. Sostuvo que la Auditoría “no está para contar historias, sino para encontrar verdades. No está para describir irregularidades, sino para detenerlas”.
Por su parte, la diputada de Morena, Ana Ayala, reconoció el trabajo técnico de la institución, aunque planteó retos hacia adelante. Subrayó que la entrega coincide “con la conclusión de la gestión del actual auditor superior” y con “una etapa que está por concluir”, lo que obliga a “evaluar resultados y proyecciones institucionales”. Añadió que “la próxima conducción de la auditoría tendrá el reto de consolidar la autonomía técnica, modernizar los procesos de fiscalización y reducir los tiempos de seguimiento y determinación de responsabilidades”.
