Tras casi cuatro años de desencuentros y parálisis diplomática, México y Perú normalizaron sus relaciones bilaterales en agosto y preparan la cesión de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Mientras los gobiernos se enfrascaron en dimes y diretes desde 2022, la agenda se sostuvo a través del Consejo Empresarial de la Alianza y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.
Mientras tanto, el comercio bilateral creció casi 6% en 2025, de acuerdo con la Asociación de Exportadores de Perú. ¿La razón? Los empresarios entendieron antes que los políticos que las cadenas de suministro no viven de discursos, sin embargo el relevo entre Ciudad de México y Lima funciona como un espejo invertido.
Perú ha sido el epicentro de la inestabilidad política en América Latina con nueve presidentes en diez años, pero su economía crecerá 3% este año, de acuerdo con el FMI. México, en contraste, goza de una nueva continuidad política en el Ejecutivo desde 2018 y mayorías calificadas en el Congreso desde 2024, pero avanzará a la mitad del ritmo peruano, 1.5 por ciento. ¿Cómo se explica esta paradoja? Perú utilizó la Constitución para blindar la economía de los excesos de sus políticos. México utilizó su estabilidad política para desmontar los contrapesos que protegían nuestra economía.
El corazón de esa divergencia está en el Estado de derecho. México sigue recibiendo inversión extranjera, aunque en el primer semestre de 2026 casi 90% fue reinversión de empresas ya instaladas, que hoy operan sin certidumbre jurídica tras la elección popular de juzgadores y la extinción de los órganos reguladores autónomos. Perú resolvió su fragilidad en sentido opuesto, blindándose contra su clase política mediante la figura constitucional de los contratos-ley, que prohíben al Congreso o al Ejecutivo modificar unilateralmente las reglas tributarias y regulatorias con inversionistas, remitiendo las controversias al arbitraje o a los tribunales.
Durante años, la clase política mexicana asumió que erosionar los contrapesos internos no importaba porque el T-MEC operaría como paraguas externo. La realidad demuestra lo contrario ante la negación de la administración de Trump de extenderlo por 16 años y que ahora será revisado cada año entre amagos arancelarios, proteccionismo y reclamos sobre las reformas constitucionales mexicanas. Perú, en cambio, diversificó su comercio hacia Asia con el megapuerto de Chancay, respaldados dentro de su propio marco constitucional.
En lo fiscal, ambos países están en la franja crediticia BBB, pero caminan en direcciones opuestas. Perú prohibió constitucionalmente al Congreso crear gasto público. Con ese candado, su deuda bruta ronda 30% del PIB. México, apostando por el rescate de Pemex y la expansión de compromisos rígidos de gasto, llegará al 62.1% del PIB, con un déficit de 4.2% según el FMI. En mayo, Moody’s bajó su nota al último escalón del grado de inversión.
Sólo un puente institucional sigue en pie en ambos lados del Pacífico, la independencia de la banca central. Si la turbulencia política en Lima no ha derivado en crisis cambiarias ni espirales inflacionarias se debe a la credibilidad técnica del Banco Central de Reserva del Perú encabezado durante dos décadas por Julio Velarde. El Banco de México es hoy nuestro último bastión, ahora puesto en vilo por la discrecionalidad política que ha cambiado a la Junta de gobierno en turno.
El modelo peruano dista de ser enteramente perfecto. Que el relevo dependiera de que dos presidentas se entendieran confirma que la Alianza sigue siendo, por ahora, un club presidencial. Nacida en Lima en 2011 para mirar a Asia, apenas comercia consigo misma 3% de su total, según la CEPAL, porque sus socios miran a polos opuestos, Perú a China, México (atado) a Estados Unidos. O Lima traslada al bloque a un mecanismo constitucional cerrado o la Alianza será espectadora de la disputa entre Washington y Pekín. Ninguna estabilidad en las urnas alcanza para sustituir la confianza en las instituciones.
*Profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM.
Nota original: El Economista
