Una empresa digna, sin duda. Pero la costumbre del gobierno de combinar las críticas a Israel con el antisemitismo ha tenido algunos efectos inquietantes. En particular, ha creado una atmósfera en la que la defensa de los derechos de los palestinos o un alto el fuego en Gaza se considera sospechosa, contraviniendo la posición impuesta por el Estado. La policía, por ejemplo, tiene reprimido sobre las protestas pro palestinas en varias ciudades y prohibió rotundamente numerosas manifestaciones.
El sector cultural también ha sido testigo de actos de censura de gran alcance. La Feria del Libro de Frankfurt canceló una ceremonia de premiación para la autora palestina Adania Shibli y el Senado de Berlín recortar fondos para un centro cultural alegando que se negó a cancelar un evento organizado por el grupo de izquierda Voz Judía por una Paz Justa en Medio Oriente. En esta atmósfera sulfurosa, la oficina de Juan Omarun legislador berlinés de origen kurdo-sirio, fue atacado, como parte de una tendencia más amplia de intimidación dirigida a los musulmanes del país.
Todo esto ya es bastante preocupante. Pero los políticos, aprovechando alguna evidencia de manifestaciones antisemitas en protestas propalestinas para vincular a musulmanes y inmigrantes con el antisemitismo, han aprovechado la oportunidad para promover una agenda antiinmigrante. Cuando le preguntaron al Sr. Scholz sobre el antisemitismo entre las personas “con raíces árabes” en una entrevista de octubre, dijo que Alemania necesitaba determinar con mayor precisión quién puede ingresar al país y quién no. «Estamos limitando la migración irregular», afirmó Scholz, antes de añadir poco después: «Por fin debemos deportar a gran escala».
Varios otros políticos de alto rango también han impulsado la necesidad de controles fronterizos más estrictos después del 7 de octubre. Friedrich Merz, líder de la oposición demócrata cristiana, se pronunció en contra de aceptar refugiados de Gaza, afirmando que Alemania ya “suficientes jóvenes antisemitas en el país.” Christian Lindner, ministro de Finanzas y jefe del Partido Demócrata Libre, de centroderecha, pidió un cambio fundamental en la política de inmigración para “reducir el atractivo del Estado de bienestar alemán”.
El señor Lindner pronto se salió con la suya. A principios de noviembre, después de meses de intensas discusiones, el gobierno federal y los 16 gobernadores estatales acordaron medidas más estrictas para frenar el número de inmigrantes que ingresan al país. Los solicitantes de asilo ahora reciben menos dinero en efectivo y tienen que esperar el doble para recibir asistencia social, lo que les quita aún más autonomía a sus vidas. De acuerdo con la Nuevo planAlemania también ampliará sus controles fronterizos, acelerará los procedimientos de asilo y estudiará la idea de deslocalizar los centros de asilo.
