Ciudad de México. A un día de firmarse el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad, miembros de organizaciones comunitarias autónomas originarias de 16 estados urgieron este martes a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que sea reconocidos en la Constitución por su labor milenaria en la gestión y saneamiento de los cuerpos hídricos del país. “Con este reconocimiento, nuestro interés es que nos incluyan en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y en el Plan Nacional Hídrico para que nos fortalezcan y coadyuven con nosotros, quien somos los que trabajamos con la población con los redes del agua potable y alcantarillado”, señaló Angélica Villegas, presidenta del Comité de Agua Potable de San Pablo Atlazalpan, en Chalco, Estado de México. Aseguró que el personal gubernamental de los distintos municipios del país, y su infraestructura, se han visto rebasados para atender estas tareas, por lo que ellos cubren esas actividades sin mayor reconocimiento de las autoridades locales y federales, por lo que pidió una audiencia con la mandataria para atender la gestión comunitaria en todo el país.
En su petición, entregada a la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia y a Comunicación Social Oficilía de Partes, exigen que este reconocimiento sea a través del artículo 27, aun revisión en el Senado, para obtener mayores ayudas dependiendo de cada una regiones. Villegas destacó que entre sus actividades el saneamiento de tubería de agua potable y de drenaje, ampliación de redes del agua, limpia de pozos, atención a plantas tratadoras de agua y convenios con agricultores de sus zonas para el uso del agua.
Los integrantes de estos comités pertenecen a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.
En el Congreso se presentó una iniciativa para reformar el artículo 115 constitucional que establece que se “reconocerán, fortalecerán y coadyuvarán con las organizaciones comunitarias sin fines de lucro que realizan la gestión y la prestación de los servicios de agua y saneamiento, en los términos que fije la ley”.
Esta fue retomada en la propuesta de reformas presidenciales al artículo 27, las cuales fueron aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 14 de agosto, sin embargo se introdujo una reserva que alteró el sentido original del texto, al establecer que “los municipios podrán reconocer, autorizar, coadyuvar, vigilar y revocar la participación de las organizaciones comunitarias”, lo que fue aprobado.
