Ciudad de México. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la existencia de infracciones electorales por parte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por hacer comentarios relacionados con Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial única del frente opositor.
Según el criterio de los tres magistrados que integran esta Sala, durante una conferencia de prensa realizada el 21 de agosto pasado, tanto el mandatario estatal como otras personas servidoras públicas hicieron uso indebido de recursos públicos, y vulneraron los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, por la transmisión de la citada rueda de prensa.
Si bien no hubo llamados explícitos al voto, sí se acreditó lo que los magistrados llaman “equivalentes funcionales”, esto es, expresiones que buscan disuadir el apoyo a Gálvez, entonces aspirante a representar al Frente Amplio por México.
Ante ello, la Sala Especializada determinó dar vista al Congreso de Oaxaca para que determine lo que en derecho corresponda. Por la difusión de la conferencia fueron responsabilizados cuatro funcionarios del área de Comunicación Social y de otros cuatro empleados de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
También se ordenó dar vista a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca.
El mandatario y sus colaboradores serán inscritos en el catálogo de personas sancionadas de esta Sala, cuyas resoluciones pueden ser impugnadas en la Sala Superior del TEPJF.
En otros asuntos, se declaró la inexistencia de infracciones de tanto de dos legisladores de Movimiento Ciudadano que promovieron la frase “Con el PRI ni a la esquina”.
Los magistrados concluyeron que la frase no representa la imputación de delito o hecho falso, por tanto, no es calumnia.
Por otro lado, se acordó – por dos votos a favor contra uno del magistrado presidente Luis Espíndola- devolver al Instituto Nacional Electoral el expediente sobre una denuncia presentada contra Claudia Sheinbaum y Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), por la presunta realización de actos antijcipados de precampaña y campaña, por el contenido de publicaciones divulgadas en redes sociales.
El proyecto planteaba la inexistencia de las infracciones, pero al final se aprobó la devolución del expediente para ahondar en las investigaciones.
