La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades penitenciarias de diversos estados, además de varias defensorías públicas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) sostuvieron mesas de trabajo para garantizar que las personas indígenas privadas de la libertad tengan servicios de intérpretes y traductores durante sus procesos penales, al igual que para la instrumentación de acciones que protejan su derecho a la identidad cultural.
Asimismo, para el emprendimiento de medidas conjuntas para la salvaguardia de sus derechos, de manera particular el acceso a una defensa técnica intercultural; así como la promoción de beneficios de preliberación o libertad anticipada.
«Lo anterior, considerando que de acuerdo con el Inpi existen intérpretes y traductores sólo en 22 estados del país, así como con un fondo destinado a la excarcelación de personas indígenas en reclusión”, informó la CNDH en un comunicado.
Precisó que las autoridades penitenciarias que participaron en la mesa fueron de las entidades de Chiapas, estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
Indicó que en una segunda etapa, también de manera conjunta, se realizaron visitas de seguimiento a 29 centros de reinserción social en las cuales se identificó la instrumentación “de buenas prácticas» por parte de las autoridades monitoreadas, tales como la difusión institucional a través de materiales audiovisuales e impresos, como lonas, trípticos y cartulinas, sobre el régimen disciplinario, así como de los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, en las lenguas indígenas predominantes en el centro penitenciario.
Igualmente, la existencia de documentación institucional en la lengua indígena de mayor habla en la región; la incorporación de personal hablante de la lengua indígena de la región y su capacitación para fungir como traductores certificados; y la certificación de una persona privada de la libertad como intérprete, a partir de un convenio institucional con una universidad estatal.
En materia de salud con enfoque intercultural, el funcionamiento de huertos de plantas medicinales dentro de los centros penitenciarios, con registro de uso; así como la instrumentación de un protocolo para la solicitud de medicina tradicional y otro para regular el ingreso de plantas medicinales o ungüentos conforme a sus usos y costumbres.
También, la realización de visitas domiciliarias por parte del personal de las áreas técnicas, a fin de brindar información a las familias sobre la situación jurídica y los requisitos para que acudan a visitar a las personas privadas de la libertad.
Asimismo, se observó que, de manera excepcional y bajo condiciones de seguridad previamente establecidas, se permite el acceso de familiares fuera del horario habitual por lapsos breves y en áreas controladas del centro penitenciario. En algunos casos se ampliaron los horarios de visita y se extendió el acceso a familiares hasta el tercer grado de parentesco, como medida para favorecer la reinserción social y la preservación del vínculo familiar.
La CNDH señaló que observa necesario el impulso de una campaña de concientización efectiva sobre el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas indígenas afrodescendientes y afromexicanas privadas de la libertad; además de las herramientas y mecanismos a las que tienen derecho para una debida defensa, sin dejar de lado la instrumentación de una estrategia reforzada por parte de las autoridades corresponsables en la materia conforme a una perspectiva intercultural.
