FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Una denuncia ciudadana derivó en la clausura temporal de un predio o Instalación que maneja vida silvestre (PIMVS) que operaba de manera irregular en el ejido Finisterre, del municipio de Francisco I. Madero, donde inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguraron precautoriamente 17 ejemplares de fauna silvestre y exótica cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.
Las autoridades implementaron un procedimiento administrativo, además de dar vista a la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales.
La inspección fue realizada luego de que ciudadanos reportaran la presunta exhibición de animales salvajes en condiciones de deterioro físico y sin la documentación requerida. Durante la diligencia, los inspectores detectaron que el establecimiento carecía del registro y autorización emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de no contar con un plan de manejo autorizado ni con un responsable técnico acreditado, requisitos indispensables para operar este tipo de instalaciones dedicadas al manejo de fauna silvestre.
Como medida de seguridad, la Profepa ordenó la clausura total de las actividades del predio y colocó sellos en las jaulas para aves, un encierro localizado al interior del establecimiento y el área de corrales. Entre los animales localizados había dromedarios, llamas, una avestruz, iguanas y aves silvestres.
La dependencia señaló que las condiciones observadas podrían provocar estrés, sufrimiento y afectaciones al bienestar de los ejemplares al permanecer fuera de su entorno natural.
Entre los animales asegurados se encuentran diez tordos cabeza amarilla, un dromedario, dos llamas, una avestruz y tres iguanas. La mayoría permanece bajo resguardo precautorio en el mismo predio, mientras que las iguanas quedaron bajo custodia de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.
La Profepa informó que el propietario fue notificado de la clausura desde el 29 de mayo y contó con un plazo legal para presentar pruebas o responder a las observaciones formuladas durante la inspección; sin embargo, al concluir el término establecido no presentó documentación alguna. El procedimiento administrativo continúa, mientras la autoridad federal determinará las sanciones correspondientes y la situación jurídica de los ejemplares asegurados.
