Ciudad de México. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, con sede en Toluca, estado de México, en cumplimiento a una sentencia de amparo, determinó otorgar el beneficio de libertad condicional a ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De la misma forma que ocurrió con el general Rafael Hernández Nieto, podrán enfrentar su proceso en libertad los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de ser presuntos responsables de desaparición forzada.
En agosto de 2023, Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, decretó la formal prisión contra los ocho militares, luego de que la FGR presentó al testigo protegido con nombre clave Juan, quien era uno de los líderes de Guerreros Unidos. Éste afirmó que los militares no auxiliaron a los estudiantes
para evitar que fueran secuestrados y posteriormente desaparecidos.
Mediante un juicio de amparo, el primer tribunal colegiado del primer circuito, con sede en la Ciudad de México, determinó por unanimidad que debía dictarse una nueva resolución y analizar la modificación de la prisión oficiosa dictada contra los ocho militares.
El abogado César Omar González, integrante del equipo de defensa de los militares, informó que ayer se modificó la medida cautelar de prisión oficiosa y podrán enfrentar su proceso en libertad, para lo cual en las próximas horas deberán pagar una fianza de 50 mil pesos cada uno, entregar al juzgado su pasaporte y acudir a firmar el libro de procesados.
El litigante indicó que será entre lunes y martes cuando los ocho militares sean dejados en libertad.
En tanto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) condenó el cambio de medida cautelar para otorgar el beneficio de libertad condicional a los ocho militares.
Expuso que una vez más integrantes del Poder Judicial recurren a los llamados “sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas”, las madres y los padres de los jóvenes, en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos.
No obstante, el presidente de la Covaj y subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, enfatizó que con esta determinación no se exonera de los cargos
a los militares, pues continuarán sujetos a proceso y la comisión se coordinará con la Unidad Especial de Investigación para asegurar que se agoten todas las instancias legales y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad
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