El sector industrial reconoció la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Se trata de una de las modificaciones más relevantes al marco laboral mexicano en las últimas décadas, con impacto directo en más de 13 millones de trabajadores formales, es decir, cerca del 60% de la población ocupada en el sector formal.
Homero del Bosque Ayala, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, dijo que la medida también incidirá en más del 90% de las unidades económicas del país, particularmente en micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que constituyen la base del aparato productivo nacional.
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“La reducción de la jornada laboral es consistente con tendencias internacionales orientadas a mejorar la calidad de vida, reducir riesgos psicosociales y fortalecer la productividad en el largo plazo”, señaló. Sin embargo, advirtió que su implementación implica desafíos estructurales que deben atenderse con rigor técnico.
De acuerdo con estimaciones del sector industrial y análisis comparados, sin medidas complementarias la reforma podría generar incrementos en los costos laborales unitarios de entre 15% y 20%, necesidad de contratar entre 5% y 10% adicional de personal para mantener niveles de producción, ajustes operativos en esquemas de turnos -especialmente en manufactura, logística y servicios- y presión sobre la competitividad frente a economías con menores costos laborales relativos. Si bien la gradualidad hacia 2030 ofrece una ventana de adaptación, Canacintra advierte que la experiencia internacional demuestra que este esquema por sí solo no garantiza una transición exitosa.
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Ante este panorama, la Cámara planteó la creación de un Programa Nacional de Transición Productiva Laboral, con componentes como incentivos fiscales temporales para empresas que implementen la reducción de jornada sin pérdida de empleo ni disminución salarial, fondos de apoyo a la productividad enfocados en digitalización y mejora de procesos, modelos de flexibilidad laboral regulada diferenciados por sector y región, programas de capacitación intensiva para elevar la productividad por hora trabajada y un sistema de evaluación periódica con indicadores de impacto en empleo, productividad, costos y formalidad.
Canacintra considera indispensable que el diseño e implementación de la reforma se realice bajo un esquema de diálogo tripartito efectivo, que incluya al sector industrial como actor estratégico. En este sentido, expresó su interés en participar activamente en proyectos, programas y mesas de trabajo que impulse el Gobierno Federal, aportando evidencia técnica y experiencia operativa.
“México enfrenta el reto de avanzar hacia mejores condiciones laborales sin comprometer su capacidad productiva, la viabilidad de las empresas ni su competitividad internacional. Alcanzar este equilibrio requerirá coordinación, responsabilidad y visión de largo plazo”, concluyó del Bosque Ayala.
