El mercado de boletas y materiales electorales de México podría superar el año próximo 3 mil millones de pesos para la realización de una megaelección que incluye contiendas federales y locales.
En los años recientes, un pequeño grupo de cuatro empresas –y asociados– ha recibido la mayoría de los contratos de manos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
Esa circunstancia motivó en 2022 la apertura de una investigación de oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); luego de detectarse “posibles prácticas monopólicas absolutas”, se indicó en el aviso de indagatoria, cuyo inicio se publicó en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2022.
Aunque hasta la eliminación de la Cofece, el año pasado, no se dieron a conocer los resultados del caso, tampoco en el INE ha habido cambios sustanciales, pese a que un estudio interno del órgano, realizado de cara a la más reciente elección federal, advirtió distintos “desequilibrios” en la materia.
Por ejemplo, refirió desbalances en el costo unitario de la fabricación de las boletas (del año 2014 al 2021), pues mientras el INE pagaba 0.87 centavos, en Tlaxcala se pagaron 5.89 y en Hidalgo la carga fue de 3.29 pesos.
En 2024 las boletas y materiales costaron un aproximado de 2 mil 340 millones de pesos, mientras en 2025 tan sólo las utilizadas para la elección judicial provocaron un gasto al INE de mil millones de pesos para imprimir 602 millones de papeletas.
En esa contienda se usaron pocas boletas, pues la participación ciudadana fue de 13 por ciento.
El gasto político-electoral es uno de los elementos a considerar en la inminente reforma electoral.
Desde 2023, el INE elaboró el estudio “Análisis de prácticas y mecanismos institucionales relacionados con la cadena de suministro de documentación y material electoral en el marco del Sistema Nacional Electoral (SNE)”.
El INE encabeza ese sistema y, por tanto, es competente para emitir las reglas para todo el país.
En esa ocasión advirtió una “desarticulación del SNE” en la provisión de los insumos; mencionó –por citar un rubro– que 19 Oples reportaron en 2021 atrasos adjudicados al proveedor, así como otras inconsistencias en prácticamente todo el país.
Y pese a ello, el INE no ha aplicado cambios significativos, sobre todo para evitar sobrecostos en un momento en que en lugar de licitaciones opta por adjudicaciones directas.
Acorde con una revisión de los contratos otorgados en recientes contiendas federales y locales de 2018 a la fecha, son constantes como beneficiarias del INE y los Oples, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Litho Formas, así como la paraestatal Talleres Gráficos de México.
Todas, a su vez, trabajan con socios y subcontratan para la elaboración de documentos con emblemas, sin emblemas, urnas, mamparas y boletas, entre muchos otros productos .
Por lo pronto, la representante del PRI ante el INE, Marcela Guerra, pidió al consejo general del órgano un informe para determinar si existe o no conflicto de intereses del nuevo administrador del instituto, Jesús Octavio García González, quien era representante de algunas de las compañías en referencia y mencionadas en la indagatoria de la Cofece.
