La fiscalía venezolana citó para el martes al opositor Edmundo González Urrutia, que denuncia fraude y reivindica su victoria sobre el mandatario izquierdista Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, luego de que no acudiera al primer llamado este lunes.
Citado por segunda vez Edmundo González para que asista este martes al Ministerio Público», escribió el fiscal Tarek William Saab en un mensaje a la AFP, que acompañó con una copia de la boleta de citación. El excandidato es investigado por la presunta comisión de delitos como «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público».
Hace días se dio a conocer que el opositir es blanco de una investigación penal tras denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, el candidato opositor Edmundo González Urrutia está citado a declarar este lunes en el Ministerio Público, acción que considera se hace «sin garantías» de respeto al debido proceso.
Pasadas las 10:00 (14:00 GMT), hora de la citación, González no había comparecido a la sede del Ministerio Público en Caracas, constataron equipos de la AFP en el lugar. No se esperaba asistiera, lleva tres semanas en la clandestinidad.
El fiscal general de la República (Tarek William Saab) se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso», comentó en un video en redes sociales este diplomático de 74 años, quien reivindica su triunfo en las urnas.
El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos», continúa González, quien apareció por última vez en público dos días después de los comicios, en una manifestación opositora en Caracas.
Amenazado con cárcel por Maduro, que le tildó de «cobarde», se limita desde entonces a pronunciamientos vía internet.
Va a tener que dar la cara», dijo el viernes el fiscal Saab refiriéndose a González, a quien responsabiliza junto a la dirigente opositora María Corina Machado por hechos de violencia en protestas poselectorales que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos.
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«Irregularidades»
El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de seis años, con 52% de los votos, sin publicar el escrutinio mesa por mesa como exige la ley. Alega que su sistema fue jaqueado.
La oposición asegura que González Urrutia ganó con 67% de los sufragios, según copias de actas que divulgó en la web y que el chavismo califica de «forjadas».
Ante un recurso de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó el 22 de agosto los resultados y acusó de «desacato» a González por negarse a ir a las audiencias. El opositor argumentó «indefensión».
Uno de los directivos del CNE, Juan Carlos Delpino, que representaba a la oposición en el organismo, denunció «irregularidades» en la elección del 28 de julio
Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados», escribió Delpino, quien dijo no haber estado presente en el momento de la totalización de los resultados.
¿30 años de cárcel?
La citación de González se anunció el sábado en el marco de una investigación por «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración», según un documento divulgado por la fiscalía.
El abogado Joel García, que defiende a opositores encarcelados, advierte que «por todo ese catálogo de delitos, la pena pudiese llegar a 30 años», la máxima en el país.
García denuncia «vicios» en la citación, que convoca a González a «rendir entrevista» sin aclarar «en calidad de qué es citado».
Pareciera que es imputado (…). Si es así (…), debe comparecer acompañado de su defensa. Entonces el citado va a los tribunales y en un tribunal de control se designa a su defensor y es cuando puede acudir», dijo el jurista a la AFP. «De no ser así, sería nula cualquier cosa que pudiese declarar», añade.
Si un imputado deja de comparecer, la fiscalía podría solicitar a un tribunal una orden de arresto.
«Acta mata sentencia»
Machado llamó a protestas para el próximo miércoles. «¡Acta mata sentencia! Por eso, cuando se cumple un mes de nuestra gloriosa victoria (…), los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle», publicó en redes sociales.
La independencia del CNE y el TSJ es puesta en tela de juicio por una misión de la ONU que evalúa la situación de derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, 10 países de América Latina y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, rechazaron la sentencia de la corte suprema.
En esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, insistieron en un comunicado conjunto en que deben publicarse resultados «desglosados y verificables».
Lula y Petro habían propuesto una nueva elección, idea rechazada por ambas partes.
El TSJ dijo en su sentencia que el material electoral analizado queda bajo su «resguardo» y exhortó al CNE a publicar «resultados definitivos», sin pedir detalle mesa por mesa.
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