Guadalajara, Jal., Al presentar ayer un informe ante el Congreso del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) afirmó que su personal no presenció actos de tortura, ni tratos crueles o degradantes contra los detenidos el 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, durante la represión policial contra personas que protestaban por el suministro de agua contaminada en Guadalajara; esto, a pesar de que varias de ellas han señalado públicamente lo contrario mostrando sus informes médicos.
Sin embargo, en su oficio P/EXT/216/2026, sostuvo que “sí se recabó información sobre un posible excesivo uso de la fuerza de los elementos (sic) contra manifestantes”.
Los legisladores solicitaron el mes pasado a la CEDHJ un informe puntual de sus actuaciones durante las protestas del 11 y 18 de octubre, ambas tras el descontento social creado por la mala calidad de agua que por meses ha llegado a las casas en la zona metropolitana de la capital.
Víctimas de la represión del día 11 han declarado en varios foros, y a este diario, que sufrieron tortura, privación de la libertad, incomunicación, tratos degradantes y brutalidad policial, entre otros señalamientos; incluso mostraron los partes médicos. Eso debió activar el Protocolo de Estambul, mecanismo que define la actuación de las defensorías luego de que existen indicios razonables de dichas situaciones denunciadas por los afectados.
No obstante, el reporte de la comisión refirió que “por lo que ve a posibles dictámenes bajo el protocolo de Estambul, se puntualiza que debido a que durante la integración de la queja y el acta de investigación antes referidas no se recabaron, recibieron, ni adjuntaron pruebas y/o quejas sobre presuntos actos de tortura, así como ante el escaso tiempo que otorgó la CNDH entre el ejercicio de la facultad de atracción y la entrega del expediente y de la información recabada, no se ordenó la práctica de estos estudios”.
También justificó no poder entregar a los diputados la certificación de las heridas a los arrestados, visitas y entrevistas realizadas, las vistas al Ministerio Público, ni el material documental, fotográfico o videográfico obtenido por los 16 funcionarios designados para cubrir la manifestación del 11 de octubre.
Nota original: La Jornada
