La proteína se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la industria alimentaria. Desde suplementos y barras energéticas hasta productos de origen vegetal y carne cultivada, su presencia en el mercado es cada vez mayor. Sin embargo, detrás de la creciente oferta también existe una disputa por definir qué debemos consumir, quién produce estos alimentos y qué empresas se benefician de su comercialización.
De acuerdo con información publicada el 26 de octubre en Gaceta UNAM, Elena Lazos Chavero, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que la proteína ha dejado de ser únicamente un componente nutricional para convertirse en una categoría económica, política, territorial y cultural.
Durante su participación en el Seminario Interinstitucional «Ecología Política y Estudios Socioambientales», la especialista explicó que el discurso sobre la necesidad de consumir más proteínas también influye en las políticas públicas, los procesos industriales y las relaciones de poder dentro de los sistemas alimentarios.
La académica señaló que, aunque suele asociarse el consumo de proteína con una mejor alimentación, pocas veces se cuestiona quién establece las cantidades recomendadas, qué productos se promueven y cuáles son los intereses detrás de estas decisiones.
¿Quién se beneficia del creciente mercado de las proteínas?
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Lazos Chavero tiene que ver con la concentración del mercado y la influencia de las grandes empresas agroindustriales en la producción de alimentos.
Según expuso, cuando se habla de los beneficios de las proteínas, el 80% de los consumidores piensa inmediatamente en carne, leche y huevo, pese a que existen otras fuentes de este nutriente.
Este panorama comienza a modificarse con la aparición de proteínas vegetales, productos cultivados industrialmente, sustitutos de carne y alimentos ultraprocesados enriquecidos con proteínas.
A ello se suma la expansión de suplementos, bebidas y barras proteicas, cuya comercialización se apoya en una narrativa que relaciona su consumo con la salud y el bienestar.
No obstante, para la investigadora, el debate debe ir más allá de los beneficios nutricionales y considerar quién produce estos alimentos, en qué territorios se elaboran, bajo qué condiciones laborales y quién obtiene las mayores ganancias.
«Estamos ante una nueva batalla por controlar el mercado de la proteína», afirmó.
El papel de la industria ganadera y las políticas públicas en México
La investigadora también cuestionó la relación entre las políticas de seguridad alimentaria y el impulso a la producción de proteína animal.
Explicó que, en México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural promueve el consumo de proteína animal, que representa el 37% de la dieta nacional, de acuerdo con los datos expuestos durante su conferencia.
A juicio de Lazos Chavero, esta narrativa contribuye a justificar subsidios, créditos, apertura comercial y prioridades de desarrollo agroindustrial que favorecen la expansión de la ganadería intensiva.
En este contexto, mencionó a SuKarne como ejemplo de las grandes empresas que se benefician del modelo de producción ganadera.
La especialista sostuvo que los discursos sobre seguridad alimentaria y eficiencia industrial deben analizarse junto con las relaciones económicas y políticas que intervienen en la producción de alimentos.
También advirtió sobre el uso intensivo de recursos naturales, particularmente agua, para producir carne de cerdo y bovino.
Producir más carne no garantiza una mejor alimentación
Durante su conferencia, titulada «¿Quién controla la proteína? Poder, territorios y desigualdades en disputa en los sistemas ganaderos», Lazos Chavero identificó tres paradojas relacionadas con el actual modelo alimentario.
La primera se refiere a la diferencia entre producir alimentos y garantizar que la población pueda acceder a ellos.
Aunque el discurso sobre seguridad alimentaria plantea la necesidad de incrementar la producción de carne, esto no significa necesariamente que las personas tengan acceso a una dieta suficiente, equilibrada y nutritiva.
«Producción no es lo mismo que acceso, mayor consumo o una buena nutrición», explicó.
La segunda paradoja está relacionada con la transformación de la proteína en un mercado global dominado por grandes cadenas agroindustriales y empresas con importantes vínculos políticos.
La tercera tiene que ver con los impactos ambientales de la ganadería, particularmente las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y el uso de recursos naturales.
La académica consideró que estos problemas no pueden analizarse de manera aislada, pues también están relacionados con las estructuras económicas y de poder que determinan cómo se producen y comercializan los alimentos.
¿Cuánta proteína necesitamos realmente?
Otro de los puntos abordados durante el seminario fue la discusión sobre las cantidades de proteína que las personas deben consumir diariamente.
Lazos Chavero señaló que existen diferencias entre las recomendaciones difundidas por distintos especialistas.
Mientras una referencia habitual establece un consumo aproximado de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, la investigadora mencionó que especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM han planteado cantidades de hasta 0.4 gramos por kilogramo.
Estas diferencias, expuestas durante la conferencia, forman parte del debate sobre quién establece los estándares nutricionales y cómo influyen en las decisiones de consumo. Las necesidades individuales, sin embargo, varían según factores como la edad, el estado de salud y la actividad física.
Para la especialista, la discusión no consiste únicamente en determinar cuánta proteína necesita una persona, sino también en analizar quién define las recomendaciones, qué productos se posicionan como indispensables y cuáles son las consecuencias económicas y ambientales de su producción.
En ese sentido, sostuvo que el mercado de las proteínas se ha convertido en un espacio de disputa que involucra a empresas, gobiernos, consumidores y territorios; un debate que, más allá de la alimentación, también pone sobre la mesa la distribución de los beneficios y costos del sistema agroalimentario.
Nota original: El Economista
