La aplicación de un examen integral que incluya pruebas médicas para obtener una licencia de conducir es otro de los pendientes que Coahuila debe armonizar con la legislación federal.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) establece en su artículo 51 que las entidades deben regular la expedición de licencias mediante un “examen de valoración integral”, además de pruebas teóricas y prácticas para demostrar las habilidades necesarias para conducir.
Sin embargo, actualmente la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) de Coahuila no aplica el examen de valoración integral ni una prueba práctica como parte del proceso para emitir licencias.
El glosario de la legislación federal define el examen de valoración integral como el conjunto de evaluaciones físicas y médicas, así como de conocimientos sobre los reglamentos de tránsito, que las autoridades realizan a las personas que buscan obtener o renovar una licencia de conducir.
El tema cobró relevancia luego de que, el pasado 28 de agosto, una mujer de 30 años, identificada como Alejandra Aracely, murió tras aparentemente sufrir un desmayo mientras conducía.
La mujer circulaba de sur a norte por el bulevar Luis Donaldo Colosio cuando se impactó, sin frenar, contra una farmacia. Una de las principales hipótesis es que perdió el conocimiento mientras manejaba.
ARMONIZACIÓN, CON CUATRO AÑOS DE RETRASO
La armonización de la LGMSV acumula ya cuatro años de retraso en Coahuila, debido a que debió realizarse desde 2022, cuando entró en vigor la legislación federal.
Desde agosto del año pasado, el académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Alejandro Dávila Flores, advirtió sobre la urgencia de que el Congreso del Estado actualice el marco jurídico.
“Hay que actualizar el marco jurídico. La bolita está en la cancha del Legislativo y esa actualización tiene que ser en línea con los elementos que contempla la nueva legislación federal en materia de seguridad y movilidad vial”, expuso.
Dávila Flores agregó que la actualización requiere compromisos de largo plazo, políticas públicas articuladas y coordinadas, así como avances sistemáticos y rápidos ante la reducción del tiempo disponible para enfrentar los problemas de movilidad y seguridad vial.
En junio de este año, el Congreso del Estado informó que prevé concretar la homologación de la LGMSV a finales de 2026, una vez concluida la LXIII Legislatura.
Beatriz Fraustro, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, señaló que las amplias adecuaciones que implica la legislación federal, particularmente en la regulación de nuevas formas de transporte, han prolongado el análisis legislativo.
