Ciudad de México. En investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a la presencia de elementos de la Agencia Central de Investigación (CIA) para desmantelar un narcolaboratorio en el estado de Chihuahua en abril pasado, ya han comparecido 40 de 43 participantes en el operativo tras el cual fallecieron dos de los agentes estadunidenses, los cuales actuaron sin tener autorización del gobierno federal y aunque ya se han tomado declaraciones, no se ha citado a la gobernadora María Eugenia Campos ni al ex fiscal de esa entidad César Jauregui Moreno.
Mandos de la FGR informaron que el Ministerio Público Federal integra dos carpetas de investigación, la primera de ellas por ejercicio ilícito de atribuciones al permitir la participación de los agentes de la CIA en acciones que únicamente corresponden a las autoridades mexicanas.
La segunda indagatoria se inició para tratar de identificar a los operadores del narcolaboratorio localizado la zona serrana de El Pinal, inmediaciones de los municipios de Morelos y Guachochi, en el cual se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias líquidas y poco más de 50 toneladas en estado sólido; así como cerca de dos mil litros de metanfetamina; además de diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes entre otros en cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras.
En el caso de la gobernadora María Eugenia Campos y del ex fiscal chihuahuense, las fuentes consultadas explicaron que en esta investigación «las cosas van de abajo hacia arriba» y por ahora las citaciones se han concentrado en los agentes que participaron directamente en el operativo y algunos de los mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), para determinar la responsabilidad de otras autoridades en la presencia de los agentes de la CIA –dos fallecieron al volcarse la unidad en la viajaban con el jefe de la AEI, Pedro Román Oseguera y su escolta–, y dos más se transportaban en un segundo vehículo y no sufrieron incidente alguno.
En esta indagatoria se podría determinar si se cometieron delitos contra la seguridad nacional, mientras que en la segundo se investiga la manera en que durante meses se integró la indagatoria para desarticular el narcolaboratorio, sin informar a la autoridad federal.
