San Luis Río Colorado. Las protestas por el asesinato de la adolescente Leyla Monserrat, ocurrido en septiembre de 2025 en Sonoyta, Sonora, se intensificaron este jueves en San Luis Río Colorado, donde familiares, amigos y ciudadanos se manifestaron frente a las instalaciones de Atención Temprana de la Fiscalía estatal y posteriormente en el exterior del Juzgado. La exigencia es justicia y reformas legales que permitan sancionar con mayor severidad a menores de edad involucrados en delitos graves.
Con pancartas y consignas, los manifestantes cuestionaron el fallo judicial emitido en marzo pasado, al considerar que las penas impuestas no corresponden a la violencia del crimen. Leyla Monserrat fue asesinada por “sus amigas” que con engaños la citaron, la vendaron y asfixiaron, lo que quedó grabado en un video que hoy transita deliberadamente por todas las redes sociales.
La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra Valencia, encabezó la movilización y expresó su inconformidad con el proceso judicial. Señaló que su hija fue privada de la vida cuando aún era una adolescente y que, en su opinión, el sistema priorizó los derechos de las agresoras sobre los de la víctima. Recordó que el pasado 6 de abril, fecha en que Leyla habría cumplido 16 años, la familia acudió al panteón en lugar de celebrar. Durante la protesta, convocó a una marcha y reiteró su exigencia de que el caso marque un precedente para modificar la legislación vigente.
“No entiendo a las leyes, aquí tuvieron más valor los derechos de las asesinas que de mi hija, ella tenía una vida, tenía derechos, era una adolescente que estaba aprendiendo a vivir, y todo eso le arrebataron ellas, no es justo. Ahora el seis de abril cumpliría años, no hubo un pastel, no hubo un festejo, simplemente fue llevar flores al panteón”, expuso la madre de Leyla Monserrat.
El asesinato ocurrió el 25 de septiembre de 2025, cuando la adolescente fue asfixiada en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles, en la zona fronteriza de Sonora. Un día después, su familia inició la búsqueda. Meses más tarde, un video anónimo llegó a manos de la madre; en él, según consta en la carpeta de investigación, se observa a la víctima en un entorno de confianza antes de ser atacada. Peritajes de la Fiscalía estatal determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Las responsables fueron identificadas como dos adolescentes de 13 y 15 años, cuya participación directa fue confirmada tras cateos y análisis ministeriales.
De acuerdo con la investigación, el crimen se originó por un conflicto entre adolescentes vinculado a celos por una relación sentimental. Inicialmente, la investigación consideró la posible participación de un adulto, quien posteriormente fue localizado sin vida; sin embargo, nuevas evidencias entre ellas el video grabado por las mismas agresoras permitió deslindar esa línea y confirmar la autoría de las menores.
El proceso fue llevado bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En marzo de 2026, un juez dictó sentencia, dos años y diez meses de internamiento para la adolescente de 15 años y once meses de libertad asistida para la menor de 13 años, además de una reparación del daño moral fijada en 5 mil 657 pesos. La resolución generó inconformidad pública, al evidenciar los límites legales para sancionar a menores en delitos de alto impacto.
En entrevista para La Jornada, Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sostuvo que las resoluciones se apegan al marco legal vigente, el cual establece rangos de edad y límites de sanción para adolescentes. Explicó que, en el caso de personas de entre 14 y 16 años, las penas no pueden exceder ciertos periodos y que en edades menores incluso no procede la prisión.
Subrayó que no es posible juzgar a menores como adultos mientras no se reforme la legislación federal, al tratarse de un sistema homologado en todo el país: “Definitivamente no se puede mientras exista esta Ley al que tenemos que ceñirnos para juzgar a los adolescentes. Se tiene que hacer lo necesario ante el poder legislativo federal para que se cambie la Ley, pero mientras tanto esto no es exclusivo de Sonora, es en todo el país”, finalizó el titular del Poder Judicial en Sonora.
