Ciudad de México. El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió el informe relativo a las organizaciones que buscan registro como partido político.
En medio de distintas acusaciones sobre «robo» de afiliados, el INE tiene un plazo de máximo 60 días para determinar si alguna de las 4 finalistas logra su objetivo, y en tal caso contiende en los comicios de 2027.
El informe fue presentado después de 14 meses de trámites y acontecimientos, desde que en enero de 2025, 89 grupos presentaron intención de competir; al final, el INE confirmó que solo cuatro tienen la posibilidad de lograr su objetivo.
Por número preliminar de afiliaciones están en la última fase Construyendo Sociedades de Paz (401 mil 656 inscritos, con 322 asambleas celebradas, todo sujeto a revisión); México tiene Vida (363 mil 462, con 250 asambleas celebradas); Que Siga la Democracias (354 mil 828, con 226 reuniones), y Personas Sumando en 2025 (348 mil 787 afiliaciones con 242 asambleas celebradas).
El grupo o grupos que logren su objetivo serán partidos con registro a partir del 1 de junio próximo y recibirán financiamiento público.
Entre los elementos a revisar se encuentra no solo la legalidad de asambleas, sino también de ingresos y gastos de cada organización y el lugar en donde realizó las afiliaciones, ya sea presencial o la georreferencia de la aplicación electrónica.
Acorde con el reglamento del proceso, el INE analizará los siguientes elementos: duplicidades de afiliaciones en asambleas; afiliaciones por régimen de excepción (en papel, recabadas en sitios sin internet); compulsa contra el padrón electoral; doble afiliación; vistas a los partidos políticos nacionales y locales, y garantía de audiencia.
Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey dijo que el informe que puso a consideración la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos “es una muestra más del compromiso de este Instituto por la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de constitución de partidos políticos nacionales”.
En general, de 91 grupos que inicialmente presentaron alguna comunicación al INE, después de los desistimientos, únicamente nueve celebraron asambleas, es decir, el 17.6 por ciento realizaron actividades para la obtención del registro.
“En este proceso de constitución – añadió Humphrey- se intentaron mil 649 asambleas de las cuales seis fueron estatales, es decir, el 0.36 por ciento, mientras que de las intentadas se lograron mil 056, es decir, 64 por ciento de efectividad”.
El número de personas que se requiere – por cada asociación- es de 256 mil 030 personas, el 0.26 por ciento del padrón electoral.
En total, las organizaciones que realizaron actividades presentaron un millón 465 mil 466 afiliaciones.
Subrayó que todos los datos son preliminares y el Instituto se encuentra en etapa de validación de afiliaciones.
Humphrey explicó que en caso de duplicidades se ha procedido de acuerdo con los numerales 145 y 147 del instructivo que deben observar las organizaciones, en los que destacan criterios como los siguientes: primero, la prevalencia de la manifestación de afiliación en la asamblea de fecha más reciente, y no se contabilizará la más antigua.
Segundo, se prioriza la afiliación de las personas en las asambleas sobre la afiliación previa a un partido político.
Tercero, si la duplicidad de presenta respecto a una persona asistente a una asamblea con el padrón de personas afiliadas del partido político y la afiliación a es posterior a la asamblea, y cuarto, si la duplicidad se presenta en cuanto a una persona afiliada en el resto del país a través de la aplicación frente al padrón de partido político, entre otros criterios.
“Nos encontramos revisando el cumplimiento de los requisitos legales, así como la libre afiliación, aunado a la revisión de los informes mensuales del origen y destino de recursos, así como de los procedimientos administrativos sancionadores que se han presentado.
“De considerarse que se han cumplido los requisitos para la formación de un partido político, el INE deberá proceder a la revisión de la constitucionalidad y legalidad de los documentos aprobados en las asambleas constitutivas”.
