México encabeza a nivel mundial el número de acciones urgentes por desapariciones con 819 reportes, de los cuales 40 ocurrieron en los últimos cinco meses, según el más reciente informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Una acción urgente es un procedimiento del Comité, fundamentado en el Artículo 30 de la Convención, que exige a los Estados miembros actuar de forma inmediata para localizar a una persona y proteger su vida ante la ineficacia de las autoridades locales.
El informe sostiene que el Estado mexicano carece de estrategias integrales de búsqueda que cuenten con planos operativos, cronogramas y coordinación efectiva.
En ese sentido, señala retrasos graves e insuficiencias en diligencias de videovigilancia, rastreo de telefonía e investigación de funcionarios, así como una protección inadecuada para los familiares de las víctimas y buscadores frente a las amenazas recibidas.
Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el Comité emitió 40 de estos mecanismos para exigir al Estado mexicano el despliegue de todas las medidas necesarias para buscar, localizar e investigar la desaparición de las víctimas, además de garantizar la protección de sus familias.
El informe señala que 21 de estos casos corresponden a desapariciones de grupos de migrantes hondureños y cubanos que atravesaban el estado de Chiapas entre octubre y diciembre de 2024.
Asimismo, la ONU advierte sobre posibles vínculos entre autoridades mexicanas y grupos del crimen organizados que operan en la localidad de San José El Hueyate, cerca de la frontera con Guatemala.
En ese punto, las víctimas tuvieron contacto por última vez con sus familiares antes de abordar pequeñas embarcaciones que las llevarían hacia Oaxaca.
Por otro lado, en Jalisco, donde el año pasado el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro de adiestramiento y exterminio en el Rancho Izaguirre, el Comité documentó que diversas autoridades estarían relacionadas con los casos.
“Hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo y los videos mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías” , detalla el reporte.
Pese a la gravedad de los hechos, el organismo internacional denunció que acciones clave para la indagatoria, como el interrogatorio a oficiales, la geolocalización y el análisis de datos de video, no se realizaron.
En sus comentarios al informe, la organización civil acusó que este escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno.
“El procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación” , expuso.
