Monterrey, NL. Integrantes de la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) Nuevo León, entregaron a Oficialía de Partes del Congreso del Estado y a Palacio de Gobierno un documento con casi 38 mil firmas de Change.org y cartas petición hacia el gobernador Samuel García Sepúlveda para que detenga “la red de encubrimiento” relacionado con el caso de Ángel, menor de 14 años que fue asesinado el 9 de febrero de 2022 en el Albergue “Fabriles”, perteneciente al DIF Estatal.
La CADHAC y Tejiendo Redes Infancia informaron que estas acciones se hicieron con el objetivo de que el proceso contra los agresores de Ángel siga avanzando, ya que de acuerdo a las asociaciones, responsabilizan al gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda de opacidad, encubrimiento e impunidad en este caso, al proteger al exdirector general del Sistema DIF Estatal, Miguel Ángel “N” y al exdirector de Protección de la familia Mauricio Miguel “N”, quienes se ampararon desde 2023 en Tamaulipas, por lo que impide la judicialización en su contra.
“Es conocida esta práctica del gobernador (Samuel García Sepúlveda), que incluso se ampara hasta con jueces laborales (…). Por ello es que estamos llamando y señalando directamente al gobernador como responsable máximo para tomar la decisión correcta y detener la protección política a estos exfuncionarios sin presuponer, sino que la investigación continúe de manera apropiada y sobre todo se garantice que estos hechos no se repitan”, señaló Juan Martín Pérez García de Tejiendo Redes Infancia.
Además de las firmas que entregaron tanto al Ejecutivo como al Legislativo, solicitaron que se siga la Recomendación 148/2025 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida en febrero de 2024, en donde se destaca principalmente acciones como validar las violaciones graves contra Ángel, solicitar al Estado esclarecer las omisiones atención al caso, así como aplicar medidas de reparación y no de repetición.
De acuerdo con la organización civil, el único avance que se tiene al respecto es sobre la detención en 2022 de Raymundo Francisco “N”, quien presuntamente era el enfermero responsable de los golpes propinados a Ángel en el Albergue Fabriles.
El caso de Ángel comenzó el pasado 28 de noviembre de 2021, cuando el menor, en conjunto con otros compañeros que radicaban en el DIF Capullos de Nuevo León, protestaron debido a los malos tratos que recibían por parte de los responsables del albergue.
Ángel tenía 10 años bajo la tutela del Estado de Nuevo León, es decir, ingresa a DIF Capullos en 2011 cuando él tenía 4 años, se le diagnosticó un trastorno de origen psicológico que fue evolucionando a lo largo de los años; para su fallecimiento, ya tenía una discapacidad al tener trastorno de déficit de atención con hiperactividad, síntomas de estrés postraumático, trastorno depresivo persistente, discapacidad intelectual, crisis epilépticas y de ansiedad.
“Como respuesta (a la protesta) fueron sometidos (Ángel y otros tres compañeros) por policías municipales, además les inyectaron tranquilizantes y les amarraron las manos y los pies con cinta, para después sacarlos del DIF Capullos (…). Ángel y otro compañero fueron trasladados al DIF Fabriles (ubicado en Monterrey), en el que se brinda atención a niñas y niños migrantes. Este centro no contaba ni cuenta, con personal e infraestructura para atender adecuadamente los problemas psicosociales que él venía presentando”, señaló la CADHAC en su página web.
De acuerdo a la asociación, el DIF Capullos ya había recibido medidas cautelares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) desde septiembre de 2021, respecto a contar con “la supervisión oportuna y una efectiva atención médica o traslado a un centro de salud, en caso de considerarse necesario”.
Tras el traslado de Ángel al Albergue “Fabriles” y según la página web de la CADHAC, el menor fue golpeado debido a una discusión que tuvo con uno de sus compañeros, en donde presuntamente, Raymundo Francisco “N”, lo golpeó a tal grado de provocarle heridas graves en su estómago.
Derivados de las lesiones, Ángel estuvo vomitando y agonizando durante más de 15 horas, en donde ninguno de los responsables del albergue le brindó atención médica de manera urgente.
Ilegalmente, su cuerpo fue cremado a menos de 48 horas después de su defunción, por lo que no se le pudo realizar una autopsia. Esto dificultó contar con las evidencias sobre las causas de su muerte, así como la realización de una investigación completa.
“La información que difundieron las autoridades sobre su defunción, que calificaron como muerte natural (presuntamente por un médico particular), estuvo llena de inconsistencias e irregularidades (…) Su fallecimiento no fue reportado de inmediato, sino hasta el 18 de febrero, es decir, una semana después. Además, sin escrúpulos, manifestaron el estado de salud mental de Ángel, revictimizándolo, ya que el comunicado del DIF mencionó que Ángel padecía diversas condiciones clínicas a pesar de que ninguna de estas condiciones tiene relación con el motivo de su muerte”, destaca la asociación en su página oficial.
Entre “la red de encubrimiento” que los integrantes de la CADHAC y de Tejiendo Redes Infancia señala como responsable al gobernador de Nuevo León Samuel García, se encuentra la cadena de mando que autorizó las acciones y traslado del menor a otro albergue, en donde posiblemente pudieran estar más funcionarios públicos involucrados.
“El movimiento irregular que hubo de los infantes desde DIF Capullos a distintos puntos, incluyendo puntos que no están dentro del sistema DIF, no es fácil de hacer sin que alguien de más alto nivel lo autorice. Esos movimientos tienen que ser autorizados por alguien de mayor nivel jerárquico (…). Desafortunadamente hay una estrategia jurídica que pretende interrumpir el acceso a la justicia y a conocer la verdad, pero en esto hay más funcionarios involucrados de los que hasta el momento tenemos identificados”, destacó Pablo Quiroga, coordinador de la CADHAC.
Según las organización de derechos humanos y de las infancias, por parte de las autoridades del Legislativo, se tiene una Comisión especial para darle seguimiento al caso, así como la recepción de la propuesta de reforma “Ley Ángel”, que busca la creación de mecanismos de transparencia y supervisión externa en los centros que custodian a menores de edad; no obstante esas acciones aún no tienen un resultado o avance concreto.
Respecto a la respuesta del Ejecutivo nuevoleonés, no se han dado a conocer las recomendaciones que se le han pedido ante caso, así como avances respecto a la judicialización del mismo.
