Zacatecas, Zac., Comisariados y representantes ejidales de los municipios de Santo Domingo, Villa de Ramos, Salinas y Villa de Guadalupe, de la región Altiplano en San Luis Potosí, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cancelar las concesiones mineras entregadas en los sexenios previos a los de la 4T para explotar litio y minerales críticos para la transición energética.
Señalaron que “los proyectos vigentes son los llamados Sutti 19, Sutti 21, Sutti 22 y El Yeso”. Los polígonos de concesiones mineras están en un amplio territorio del semidesierto potosino y se sobreponen con la Ruta y Sitio Sagrado de Wirikuta, recién considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La petición escrita la entregó Iracema Gavilán Galicia, investigadora del Colegio de San Luis, en la coordinación de asesores de la Presidencia, en la que solicitan a Sheinbaum que “prohíba autorización alguna a favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y cualquier otra instancia de gobierno o privada”.
Solicitan que, mediante instancias federales se prohíban trabajos de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento para extraer minerales polimetálicos como oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, níquel, litio, cobalto, manganeso y flúor, así como “toda sustancia relacionada con los llamados minerales estratégicos o críticos para la transición energética que se localicen en el subsuelo de nuestros ejidos y comunidades”.
Los ejidatarios destacan que la investigadora Iracema Gavilán, a través del Proyecto Ciencia de Frontera del Colegio de San Luis, les informó sobre las ventajas, desventajas e impacto de las actividades mineras.
“Específicamente en la explotación de minerales polimetálicos y toda sustancia nombrada estratégica o crítica, como el litio que se encuentra en nuestros salares y territorios ejidales”, añaden.
En asamblea, exponen, “nos dimos cuenta de que la actividad minera no beneficiaría a nuestros ejidos, al contrario, traería desequilibrios en los ecosistemas de la región semiárida y sus componentes, repercusiones negativas a los sistemas hidrológicos subterráneos y superficiales que provocaría desecación de pozos y mayor abatimiento de los acuíferos Santo Domingo, El Barril y Salinas”.
Aunque expresan su preocupación por la lesiva explotación minera a cielo abierto de oro, plata y cobre (como ya ocurre en el vecino estado de Zacatecas), los potosinos mostraron mayor angustia por los yacimientos de litio, cuyos depósitos ambiciona una compañía canadiense, ya presente en la zona:
“Le hacemos saber que en 2017 y 2018 la empresa canadiense Organimax, actualmente Silver Valley Metals Corp, sembró división y conflictos en las localidades al ofrecer ganancias y empleo, y ejerció coacción para desplazarnos y abandonar nuestras tierras de cultivo y pastoreo, casas y formas de vida.”
Refieren: “sabemos cómo se procesa el litio en salares y por cada tonelada de ese metal se requieren al menos 2 millones de litros de agua”.
Destacaron también que “para la explotación de minerales en nuestros territorios se requiere la anuencia de la máxima autoridad del ejido que es la asamblea”.
Por último, recordaron que “nuestras asambleas reafirman su amor hacia la tierra, la que considera como madre y sustento de vida, por lo tanto, se compromete a defenderla ante cualquier actividad –invasión, despojo, expropiación–, que atente contra su integridad”.
