Oaxaca, Oax. Luego del fallecimiento de dos niñas de origen haitiano ocurrido la mañana del 24 de febrero al interior de la Casa Hogar Patos, que es un centro de tránsito para personas migrantes y que es operada por el Sistema DIF Oaxaca, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos han acusado la falta de protocolos y demandan justicia para las menores; para el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) es claro que el estado de Oaxaca falló, y es que señalaron “el lugar que debía ser un refugio seguro para ellas y su madre se convirtió en el escenario de una tragedia prevenible”.
A través de un posicionamiento, puntualizaron que lo ocurrido este martes en San Raymundo Jalpan se trata de una negligencia por parte de las autoridades, “el hecho de que hayan caído en una cisterna sin restricción de acceso y sin la vigilancia adecuada -además de haber sido encontradas posteriormente al interior de una fosa séptica-, no es un accidente: es una negligencia institucional y una omisión de cuidados”, acusaron.
Ante esta situación, dicho organismo demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se realice una investigación exhaustiva, misma que determine las responsabilidades penales y administrativas por «omisión de cuidados y negligencia criminal de las autoridades y personal a cargo del albergue «Casa Pato».
Además de que el estado debe brindar atención integral y reparación del daño a la madre de las niñas; así como una revisión real y a fondo de los “espacios de acogida” por parte del Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para corroborar que se cumplan con los estándares internacionales.
Asimismo, la Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca que se integra por 18 ONGs condenó estos hechos y destacó que en las últimas semanas diversos medios de comunicación habían dado cuenta de una crisis que atraviesa el Sistema DIF Estatal que encabeza la esposa del gobernador, Irma Bolaños Quijano, esto ante denuncias de explotación infantil y malos tratos, mismas que han sido desestimadas por las autoridades.
“La labor de prevención, atención y supervisión de instancias que tiene bajo su resguardo la integridad de niñas, niños y adolescentes queda en entredicho, lo que pone en riesgo y vulnera sus derechos humanos, entre ellos, el derecho a su integridad, seguridad y sano desarrollo y perpetuando una estructura de estado que permite violaciones sistemáticas”, denunciaron.
