Morelia, Mich. Para exigir que los ayuntamientos de Salvador Escalante y Quiroga respeten el autogobierno de Opopeo y El Calvarios, respectivamente; entreguen las participaciones presupuestales que les corresponden, además se retire la demanda de Conagua en contra de la comunidad de San Miguel del Monte y se entreguen recursos para las 335 clínicas de comunidades originarias que han dejado fuera de todo beneficio, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) bloquearon esta mañana seis carreteras en diferentes puntos de Michoacán.
El coordinador de la organización indígena, Pavel Guzmán, informó que desde las 9 horas están bloqueadas las carreteras Cherán–Zamora, a la altura de Carapan; Cherán–Uruapan, en Paracho; Pátzcuaro–Salvador Escalante, cerca de Santa Clara del Cobre; Morelia–Zacapu, en Santa Fe de la Laguna; la autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en el tramo de Taretan y el ramal Camelinas, en la ciudad de Morelia.
En el caso de las comunidades de Opopeo y El Calvario “exigimos que cesen las hostilidades y manipulación de grupos de choque en contra de las autoridades comunales electas recientemente y avaladas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y se entregue de inmediato los recursos presupuestales que legalmente les corresponden.
Cabe señar que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en conferencia de prensa dijo que es totalmente legítima la demanda del CSIM, ya que no existe motivo alguna obstruir la ley por parte de autoridades municipales. “Son 50 comunidades con autogobierno y este año podrían sumarse otras 120”, subrayó.
En el caso de la comunidad de San Miguel del Monte, Pavel Guzmán dijo que la demanda en contra de sus autoridades comunales fue por impidieron que se siguiera sacando agua del pozo de esta población, porque si bien es cierto que un particular cuenta con un permiso, son ya 2 mil pipas de aguas las que han extraído -tal y como lo señala la concesión- pero quieren seguir sacando más-.
“Los particulares denunciaron ante Conagua, y esta dependencia presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República”, lo que es totalmente injusto e ilegal, porque de esta arbitrariedad en la extracción de agua de este pueblo que ha carecido del vital líquido, una persona ha hecho un gran negocio”.
Además, la protesta es porque las 335 clínicas ubicadas en comunidades indígenas desde hace un año no reciben recursos para ampliación de los servicios y mejorar la atención médica.
La protesta permanecerá hasta las que haya respuesta de las autoridades y se comprometan a realizar una mesa de trabajo para que se cumplan compromisos en torno a obras de beneficio social.
