Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) programó iniciar el próximo año con la discusión del proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, que propone mediante dos acciones de inconstitucionalidad invalidar una reforma de Aguascalientes que redujo de 12 a seis semanas el plazo máximo para poder abortar, al considerar que se trata de una medida regresiva.
“Hay que decir algo, el aborto ya está despenalizado en México desde 2023”, dijo este lunes el ponente en una reunión con la prensa en la sede de la Corte.
La declaración del ministro respondió a la crítica al proyecto que hizo el pasado domingo la Arquidiócesis Primada de México, en su editorial Desde la Fe, en el que acusó al máximo tribunal del país de incurrir en un “desprecio por la vida humana”, pues señaló que esta busca la “despenalización total” de la interrupción legal del embarazo, sin tope de gestación.
En su argumentación, el togado afirma que la despenalización parcial del aborto no ha eliminado la criminalización, pues persisten investigaciones penales, por lo que solo la despenalización total permitiría regularlo como un asunto de salud, garantizar el derecho correspondiente y marcar un hito en la justicia reproductiva en México. Sin embargo, esto no se incluye en los efectos de la sentencia.
El debate deriva de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Presidencia de la República contra la reforma del 23 de septiembre del 2024 al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que redujo dicho plazo.
“El proyecto ya está publicado, ustedes lo pueden revisar, está en las listas. Entonces, me remitiría a ellos y bueno, pues como cualquier otro documento, pues cualquier otro proyecto será sometido a la consideración del Pleno”, señaló Espinosa.
En el acto, la ministra Loretta Ortiz también señaló que, aunque no puede adelantar su postura sobre el proyecto para no quedar impedida de participar en su resolución, recordó que ya hay jurisprudencia de la Corte que avala el plazo de 12 semanas, y señaló que muchos estados del país siguen incumpliendo con dicho criterio.
“Científicamente hay una diferencia de 12 a 6 semanas. Cuando están las 12 semanas es el punto exacto cuando se empieza a formar la corteza cerebral, antes teníamos un cigoto. Entonces, por eso se fijó en 12 semanas en la jurisprudencia que tenemos como obligatoria”, dijo.
Al respecto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía reconoció que se trata de “un tema, como dicen los colombianos, de los peliagudos complicados y que tienen que ver con cuestiones íntimamente relacionadas con la bioética”.
“Nosotros tenemos que ir valorando la constitucionalidad o no de aquella normativa que tiene que ver con aborto dentro de cada entidad federativa”, agregó.
