Guadalajara, Jal. Comuneros de San Lorenzo Azqueltan consideraron que el asesinato de uno de sus líderes, Marcos Aguilar Rojas, ocurrido la semana pasada, fue “planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales” y decidieron recuperar el predio El Caracol, donde ocurrió el homicidio.
“Su asesinato no fue improvisado, fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltan”, señalaron en un comunicado conjunto replicado por el Congreso Nacional Indígena.
La comunidad, ubicada al fondo del cañón de Bolaños junto al río del mismo nombre en el municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco, había denunciado de forma recurrente las agresiones e intentos de despojo de su territorio ancestral, parte del cual se encuentra en litigio ante pequeños propietarios con apoyo de las autoridades que han buscado reducir el conflicto a “disputa entre particulares”, según refirió hace unos días el fiscal estatal Salvador González de los Santos, tras el homicidio de Marcos Aguilar.
El 30 de noviembre la comunidad, ante lo ocurrido, recuperó mediante movilización conjunta el predio El Caracol y anunciaron que están dispuestos a seguir defendiendo la vida y el territorio, por lo que además del gobierno en sus tres esferas hicieron un llamado “a los medios de comunicación honestos a romper el cerco de silencio que protege a los responsables”.
Denunciaron que el 25 de noviembre, un día antes del asesinato en el que también resultó herido el hermano de Marcos, Gabriel Aguilar Rojas, en el domicilio de Juan Aguilar “se reunieron los pistoleros que hemos denunciado y el cacique Refugio Raygoza, para planear el despojo de los predios comunales El Sabino Quemado y El Caracol”.
“Acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para lo que fue fundamental la complicidad de Favio Flores Sánchez (La Polla) y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los comuneros”.
Afirmaron que las carpetas de investigación acumuladas por años muestran un mismo patrón y un mismo grupo de agresores, que han actuado con armas de fuego y extrema violencia en al menos siete años de ataques documentados.
Según el comunicado la carpeta de investigación abierta tras el asesinato de Marcos Aguilar (468/2025 5-J) muestra cómo “la Fiscalía de Jalisco y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel de apellidos Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros. El más reciente acto de encubrimiento fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, administrador distrital del Juzgado de Control del Décimo Primer Distrito Judicial con sede en Colotlán, Jalisco”.
Ello porque tras las agresiones a los hermanos Aguilar Rojas el Ministerio Público pidió tomar muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, pero el defensor público lo impidió con el pretexto de que estaba “inconsciente” y cuando la solicitud se presentó ante el Juzgado, fue dicho administrador distrital quien de manera ilegal, sin facultades jurídicas y actuando como protector de los agresores, rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra.
A Aguilar Herrera los comuneros lo acusan de golpear ancianos para despojarlos de su tierra, allanar viviendas para amenazar, amedrentar a una niña con involucrar a la delincuencia organizada si no abandonaba su tierra y participar en el despojo armado del territorio, además de formar parte de la misma red de impunidad que ha protegido a La Polla, cuyo ataque armado contra autoridades autónomas fue degradado en el Juzgado de Colotlán a simples lesiones “con una reparación ridícula”.
Recordaron que el 13 de noviembre, cuando agentes de la Fiscalía de Jalisco apoyaron el desalojo de comuneros del predio El Caracol para entregarlo a los particulares, dichos policías ante el reclamo generalizado les respondieron que les valía madre el juicio agrario en curso, que si corrían “los quiebran” y que iban a entrar a la comunicad con policías y armas, lo cual fue cumplido.
Por ello consideraron que el asesinato de Marcos Aguilar es solo un paso más en el despojo de las 38 mil hectáreas que integran el territorio comunal, por lo cual culparon al Estado mexicano en general de no garantizar su seguridad ni la posesión de sus tierras.
Pidieron la intervención del gobierno federal para que se realice un decreto presidencial que reconozca, delimite y titule el territorio de la comunidad para evitar seguir expuestos a agresiones armadas, criminalización, invasiones, omisiones institucionales y a nuevas muertes.
