Los jueces en materia penal en México enfrentan altas cargas de trabajo, lo que puede resultar en un acceso desigual a la justicia, alertó México Evalúa.
En su reporte Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, la organización revela que, en promedio, cada juez penal debe resolver 356 causas, pero en entidades federativas como Puebla (mil 96), Tabasco (818) y Baja California (739) presentan obligaciones laborales significativamente más altas.
También las fiscalías enfrentan volúmenes de trabajo altos, con un promedio nacional de 310 carpetas de investigación por fiscal en 2023, un aumento de 71% respecto de las 181 que tenían en 2022.
Algunos estados, como Campeche y Guanajuato, muestran cargas excepcionalmente altas, de más de mil 500 carpetas por fiscal”, indica el estudio.
Además, en cuanto a las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales, Sonora destaca con diez mil 764 personas por juez especializado en ejecución penal, muy arriba del promedio nacional de 996. Estados como Jalisco (dos mil 218) y Nuevo León (dos mil 023) también muestran cargas considerablemente altas.
En la tasa de personal empleado en el sistema judicial por cada 100 mil habitantes, México Evalúa advierte diferencias en las tasas entre instituciones y entidades.
Los agentes del Ministerio Público (12.95), policías ministeriales (16.02) y peritos (8.43) tienen en promedio las mayores tasas. Mientras facilitadoras (0.63), asesores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (0.72) y juzgadores (1.37), tienen menores tasas.
Esta disparidad podría generar cuellos de botella en los que ciertas etapas del proceso tienen menos personal del necesario”, indicó.
También, la sobrecarga en fiscalías, juzgados y defensorías públicas puede llevar a errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, lo que comprometería el debido proceso.
Los retrasos y la posible baja calidad en los servicios debido a la sobrecarga pueden contribuir a la percepción de impunidad y erosionar la confianza pública en el sistema de justicia”, alertó.
El estudio resalta que el aumento general en las cargas de trabajo de un año a otro sugiere que el problema se está agravando, lo que podría llevar a una mayor presión sobre el sistema judicial en el futuro cercano si no se toman medidas para abordar estos desequilibrios.
**Fuente: Elaboración propia con solicitudes de acceso a la información, el Censo de Procuración de Justicia Estatal 2023 y el MES 2023.
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