Ciudad de México. En medio de las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con el Judicial por la reforma que someterá a los jueces al voto popular, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseveró que “nuestras normatividades deben modernizarse sin renunciar a los principios centrales del Estado de derecho”.
En tiempos de crisis, añadió, se requieren instituciones dinámicas que sean capaces de ofrecer certidumbre y respuestas efectivas, porque “enfrentamos fenómenos políticos que debilitan las instituciones democráticas” que ponen en riesgo “la división de poderes, la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de marcos constitucionales para respaldar procesos de paz y desarrollo.
En este panorama, el rector Lomelí puntualizó que las universidades se vuelven determinantes, porque “la academia es un lugar donde las ideas y el pensamiento crítico convergen para construir soluciones conjuntas a los problemas más complejos de nuestra era”.
Previo al discurso del rector de la universidad nacional, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, alertó que la democracia constitucional en nuestro país y en el mundo entero “atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles”.
Recordó que en las últimas semanas los mexicanos hemos sido testigos de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos tanto a nivel nacional como internacional entorno a las implicaciones y repercusiones de las reforma judicial en México.
Estas voces provenientes de distintos sectores han hecho todo lo posible por enriquecer y elevar el nivel de debate público, por lo que el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido, pues “cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente poner atención”.
Durante la ceremonia para inaugurar la edición 16 del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, la ministra Piña advirtió que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, “no puede ser contenido, frenado y controlado”.
Es también, dijo, una “verdad evidente” que uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. De modo que, en toda democracia, la independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, “está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura”.
Ante constitucionalistas de 25 países que se dieron cita en este congreso iberoamericano, Norma Piña aprovechó su participación para señalar que las circunstancias actuales los impulsan a demostrar “públicamente” la esencia de su labor y a reafirmar su convicción de servir a los mexicanos “con profesionalismo, excelencia, integridad y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad”.
“En la Constitución debe estar cimentada la organización y el funcionamiento de nuestra República representativa, democrática y federal, como autoridades y como gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ella emanan, la conservación y el respecto a la democracia, al Estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial, y a los derechos fundamentales son los elementos básicos de un Estado constitucional”, atajó.
Por su parte, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex ministro de la Corte, Diego Valadés, alertó que “la ingobernabilidad es un riesgo real que se aproxima” y con esta preocupación se preparó esta edición del congreso que hoy inicia.
“El Estado constitucional es un sistema de equilibrios, todo equilibrio supone reglas para compensar y armonizar fuerzas en tensión. La pérdida de esos equilibrios libera las fuerzas que pasan de la tensión a la contención”, subrayó.
