Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que la democracia constitucional en el mundo entero y muy señaladamente en nuestro país atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles.
Durante la Inauguración del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, alertó sobre el hecho de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado.
En el auditorio Héctor Fix -Zamudio, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Norma Piña explicó que no por tener una Constitución, un Estado es constitucional, pues los elementos básicos de éste son la conservación y el respeto a la democracia, al Estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales.
En este contexto planteó que el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón, por lo que en las últimas semanas han habido diversos pronunciamientos en torno a las implicaciones de la reforma judicial en México, que merecen un análisis profundo sobre sus impactos.
Por su parte, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e investigador emérito de la UNAM, Diego Valadés Ríos, expuso que “el tiempo se ha nublado” y en muchas naciones las instituciones muestran señales de estrés ante el acoso al que son sometidas, en un contexto de posverdad, posdemocracia, y posconstitucionalismo.
Describió a la posdemocracia como el uso de instituciones democráticas para concentrar el poder y no para servir a la libertad, promover la igualdad ni garantizar el pluralismo; mientras que el posconstitucionalismo, dijo, es un sistema de apariencias formales que enmascara realidades opuestas al Estado constitucional.
“Sigue la ruta trazada por la posdemocracia y la posverdad, acude a instrumentos democráticos para legitimar un poder concentrado y discrecional, y los órganos del poder simulan estar separados, pero se subsumen a una voluntad personal, elegida como voz de la voluntad colectiva”, comentó.
Al respecto, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de poderes y el robustecimiento de marcos constitucionales son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo.
Destacó que una de las barreras más grandes que enfrentamos en muchas regiones del mundo es dar continuidad a democracias inclusivas y resilientes, además de fenómenos políticos que debilitan las instituciones democráticas.
Frente a este panorama, señaló que las universidades y los centros de investigación jurídica son determinantes, pues allí convergen las ideas y el pensamiento crítico para construir soluciones a los problemas más complejos de nuestra era.
“Hoy más que nunca, el derecho constitucional enfrenta el reto de adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y culturales, ya que la globalización, las crisis económicas recurrentes, la emergencia climática, la brecha de género y el vertiginoso avance tecnológico han puesto a prueba prácticamente todos nuestros preceptos”, concluyó.
