Según datos de la Encuesta Nacional de Vivienda del Inegi, en Coahuila se registraba una necesidad de 167 mil 564 viviendas para renta, compra o construcción en 2020. Sin embargo, entre 2021 y 2023, sólo se construyeron 19 mil 776 viviendas, cubriendo únicamente el 11.8% de la demanda reportada en 2020 con unidades nuevas.
La reforma presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que se plantea transformar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en un ente constructor de viviendas y promotor de esquemas de renta social, surge en un contexto crítico en el que la demanda de vivienda, especialmente en su segmento económico, supera ampliamente la oferta disponible.
Esta escasez habitacional no solo incide en la prevalencia de la pobreza, sino que también contribuye a problemas sociales como el hacinamiento y la marginación.
José Piña Álvarez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la Comarca Lagunera, reconoció una buena intención detrás de la reforma propuesta, pero consideró que podría ser insuficiente e incluso contraproducente, al abrir la puerta a esquemas administrativos que podrían carecer de transparencia, agilidad y probidad, como ya se ha visto en el pasado.
«Es alentador ver la voluntad del gobierno para abordar la crisis habitacional que enfrenta nuestro país, la vivienda digna y accesible es un derecho fundamental que debe garantizarse a todos los trabajadores y sus familias», comentó, «nos manifestamos a favor de trabajar en conjunto con las autoridades para desarrollar esquemas hipotecarios eficientes, innovadores y flexibles, es fundamental que se garantice la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la vivienda, así como la participación activa del sector privado en la construcción de soluciones habitacionales».
Mencionó que Canadevi propone acciones puntuales de eficiencia y modernización como alternativas a la iniciativa, como son eliminar o reducir los sobrecostos y las ineficiencias que actualmente existen en el proceso de construcción y venta de viviendas, tales como el registro de vivienda, para el cual se paga sin contar con el servicio debido a que el sistema se encuentra colapsado o saturado; el seguro de calidad de la vivienda, mismo que se paga aunque sus coberturas son tan limitadas que prácticamente nunca se ejerce; los trámites excesivos que deben cumplirse para la construcción y venta de vivienda, como el dictamen técnico único, que genera la duplicidad en la entrega de documentos.
Otro punto sería aplicar esquemas de innovación hipotecaria, tales como que los institutos públicos promotores de vivienda funcionen como auténticas hipotecarias sin perder su función social, esto permitiría la flexibilización en los criterios de créditos y el ofrecimiento de productos de financiamiento más innovadores; permitir una estructura moderna de hipotecas que se ajuste a la realidad de los ingresos del trabajador, en donde los cobros puedan ser graduales, de manera que facilite el acceso a un crédito; facilitar la venta de vivienda adquirida con crédito Infonavit o Fovissste de manera que el trabajador pueda hacerse de un capital que le permita adquirir una mejor vivienda. Esto mejoraría la movilidad hipotecaria.
Piña consideró que con estas acciones se sentarían bases sólidas para resolver el rezago que existe en México en materia de vivienda social y, a la vez, reactivar la economía de regiones enteras gracias al desarrollo inmobiliario.
Aseguró que en Canadevi Laguna se tiene un compromiso con el desarrollo de políticas públicas efectivas que promuevan el acceso a una vivienda digna para todos los mexicanos.
«Instamos a que estas propuestas se diseñen y ejecuten con la participación activa del sector privado, garantizando así soluciones integrales y sostenibles para la problemática habitacional en nuestro país», expuso.
