La Secretaría del Trabajo y Previsión Social pone la lupa en el cumplimiento de las disposiciones que prohíben la subcontratación de personal, ya que persisten malas prácticas y hay empresas que siguen implementando esquemas fraudulentos.
Este año, la STPS realizará 32 mil inspecciones para vigilar las condiciones laborales en las empresas y en muchas de ellas se pondrá énfasis en el tema del outsourcing.
«Identifico un crecimiento importante de las inspecciones, los grupos que represento han recibido varios de ellos inspecciones, que van dirigidas a condiciones generales de trabajo. Sin embargo, hay otro bloque de inspecciones enfocados al tema de prestación de servicios especializados o al mal llamado subcontratación y este segundo bloque es el que le interesa a la Secretaría del Trabajo«, afirmó Germán de la Garza, representante de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech).
Tal y como lo demanda la Ley Federal del Trabajo, se espera que este año, 89 mil 735 empresas inscritas en el Padrón Público de Contratistas renueven su registro en el Repse (Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas).
De la Garza dijo que hay empresas que están dentro de la Ley, pero otras que camuflan la supuesta prestación de servicios y no cumplen con los requisitos que pide la ley.
«Es una realidad que en el mercado hay mucha tentación por utilizar estos esquemas. Hay sectores donde está latente, sobre todo servicios de seguridad, servicios de limpieza, es ahí donde están este tipo de prácticas«, comentó el experto.
Entre los esquemas a los que recurren estas empresas para evadir la ley, está la utilización de sociedades cooperativas, sindicatos y planes privados de pensiones, entre otras.
Detalló que también se utiliza el pago a los trabajadores a través de prestaciones, como vales de restaurantes, de despensa, de gasolina, fondos de ahorro, bonos de puntualidad y asistencia, etc.
También está el pago por honorarios, asimilables a salarios o prestación de servicios. O el pago a través de fideicomisos educativos, que están libres de impuestos.
De la Garza dijo que hay empresas que están dentro de la Ley, pero otras que camuflan la supuesta prestación de servicios y no cumplen con los requisitos que pide la ley. (ARCHIVO)
