Ciudad de México. La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes exigió una investigación “exhaustiva y transparente” sobre los actos de “violencia” perpetrados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), el Ejército y la Guardia Nacional en contra de migrantes que se encontraban en la zona del paso del tren en Bojay, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, el 3 de noviembre pasado, quienes fueron obligados a bajar de los vagones de carga, a los que subieron previamente.
Señaló que según testimonios hubo detenciones y a algunos se les amenazó “con quitarles a sus hijos”. Explicó que Atitalaquia, como en distintos lugares del país, “se están llevando a cabo operativos de detención por parte del INM que han dejado a cientos de personas migrantes, principalmente de Venezuela, varadas y desamparadas, a la espera de otra oportunidad de abordar el tren”.
Indicó que según la información recabada, a estas personas “no se les dan alternativas de regularización temporal, ni se les permite comprar boletos de autobús y transitar por el país de manera segura”, lo que provoca que los espacios de refugio de la sociedad civil “sigan desbordados, sin que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno asuman su responsabilidad en materia de protección humanitaria”.
A través de redes sociales, la red difundió un video sobre lo que sucedió el 3 de noviembre, y en él se escucha a una mujer que al parecer pertenece al INM, decir: “si te quitamos a tus niños y no los volverás a ver».
Asimismo, la red manifestó que al bajar a los migrantes del tren, algunos fueron detenidos y según testimonios de familiares, habrían sido trasladados al estado de Tabasco.
La red consideró que los informes del INM sobre sus acciones para “disuadir” a migrantes de viajar en tren son una “simulación y retórica oficial, porque las personas no son disuadidas, sino obligadas de manera violenta a abandonar los trenes. Tampoco se les brinda atención ni ayuda humanitaria; los devuelven a la frontera sur, e, incluso, separan a familias, como sucedió el pasado 3 de noviembre”.
En este sentido, demandó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que realice las investigaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, que se respeten los derechos humanos de todas las personas migrantes y que se suspendan los “operativos violentos”.
