Ciudad de México. El padre Marcelo Pérez fue un ejemplo vivo del compromiso sacerdotal con los más necesitados y vulnerables de la sociedad. Se distinguió por su cercanía con el pueblo y apoyo a quienes más lo necesitaban, afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al conocer sobre el asesinato del sacerdote ocurrido esta mañana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
También la Compañía de Jesús lo recordó como un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas durante décadas, en la defensa de su dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera.
Su compromiso con la justicia y la solidaridad convirtió a Marcelo Pérez en un referente para quienes anhelan un futuro sin violencia ni opresión, señaló el organismo que de igual forma, expresó su condena por el crimen ocurrido hoy cuando el prelado se dirigía al templo de Guadalupe, después de oficiar misa en el barrio de Cuxtitali.
Enseguida, los jesuítas rechazaron cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados. “El crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en diversas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado”, sostuvieron.
También señaló la necesidad de que se atiendan las demandas de la comunidad de Pantelhó y se respete la voluntad de las autoridades legítimamente elegidas por la población. Sólo así será posible alcanzar la paz en la región, advirtieron.
La CEM y los jesuítas exigieron a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables del crimen y se haga justicia para el padre Marcelo Pérez.
La jerarquía de la iglesia católica demandó la aplicación de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los sacerdotes y agentes pastorales que, como el padre Marcelo, dedican su vida al servicio de los más necesitados, especialmente en zonas de alto riesgo.
Además, se deben redoblar esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad presentes en Chiapas y el resto del país.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro se sumó a la condena por el asesinato del sacerdote, quien “caminó siempre con los más pobres, como verdadero pastor y defensor de los derechos humanos. Había denunciado la creciente violencia en Chiapas,minimizada irresponsablemente por los gobiernos. En respuesta recibió amenazas e intentos de criminalización”.
