CDMX.- Lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, sigue siendo un misterio, pero no para el Gobierno de Estados Unidos, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.
En su artículo de hoy, el editorialista asegura que el gobierno del país vecino es “el único que sabe la verdad sobre lo que pasó esa noche”, pues lo ocurrido durante las nueve horas claves, es decir, “entre las 10 de la noche del 26 de septiembre y las cuatro de la mañana con 16 minutos del 27” está en los chats que la DEA no entregó.
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Desde el 2014, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) interceptó conversaciones “en las BlackBerry de al menos 11 líderes de Guerreros Unidos”.
La Agencia entregó un paquete de las conversaciones interceptadas al gobierno y en septiembre The New York Times hizo público un extracto de alrededor de 23 mil mensajes.
“Otro paquete llegó a la PGR en febrero de 2018, y el tercero, divulgado sin entrar en detalles por Encinas en septiembre, consta de cuatro mil. El Times aportó decenas de miles adicionales”, detalla el periodista.
Las “horas claves”, sin embargo, no se encuentran en los chats entregados, advierte Riva Palacio.
“Las horas clave para determinar qué hizo Guerreros Unidos con los normalistas, con qué autoridades se comunicaron −sin contar a las policías de Iguala y Huitzuco, que estaban en sus nóminas− y cómo se deshicieron de los cuerpos y en dónde los dispersaron… siguen siendo de conocimiento exclusivo del Gobierno de Estados Unidos”, señala en su artículo.
Este lunes 18 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno tiene todas las grabaciones de las conversaciones privadas de Guerreros Unidos que están relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la normal Isidro Burgos. Las cuales, asegura, querer difundir.
“Vamos a ver, porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como pretexto para no dar información, para ocultar información”, refirió López Obrador en su mañanera de esa fecha.
Aunque el tabasqueño se comprometió al inicio de su gobierno a resolver la desaparición de los estudiantes, a poco más de un año de concluir su administración sigue en deuda con los padres de los normalistas, quienes al igual que en la gestión de Enrique Peña Nieto, están “insatisfechos y molestos con los resultados”.
Aunque para Riva Palacio la situación es todavía peor que con Peña Nieto.
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EL CASO ESTÁ PEOR QUE ANTES, ¿POR QUÉ?
Este martes se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, y para el periodista Raymundo Riva Palacio el caso está peor de como lo dejó Enrique Peña Nieto, pues en el anterior sexenio los criminales estaban siendo procesados y hoy son aliados del Gobierno Federal.
El analista advierte que los criminales se han vuelto testigos colaboradores para inculpar al ejército del crimen.
“En el sexenio pasado se persiguió a los criminales y los metieron a la cárcel, aunque salieron todos porque un juez en Tamaulipas determinó que habían sido torturados”, refiere el analista.
Uno de esos aliados del sexenio lopezobradorista es Gildardo López Astudillo, “El Gil”, jefe de los sicarios de la banda Guerreros Unidos en Iguala, uno de los “principales perpetradores” de la desaparición de los normalistas, según el subprocurador de Derechos Humanos.
“(‘El Gil’) es ahora el testigo estrella del Gobierno para acusar a generales y soldados del crimen. Otras dos decenas de Guerreros Unidos son testigos colaboradores, como Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, quienes participaron en la detención y desaparición de los normalistas”, relata Riva Palacio.
Y mientras los “autores materiales de la desaparición, están libres”, los que están siendo procesados son los “acusadores de ayer”.
“Están en la cárcel el exprocurador general Jesús Murillo Karam, el general José Rodríguez, que era el comandante del 27º Batallón de Infantería en esa ciudad, otros cinco militares de menor rango, Tomás Zerón, el jefe investigador del caso se encuentra prófugo y hay órdenes de aprehensión contra otros 20 militares en activo y en retiro”, añadió.
